Drogadicción: “No es que no queremos internar a los chicos, el Estado no nos da herramientas”
En una entrevista profunda y por momentos conmovedora en Tandil Despierta, la titular del Juzgado de Familia Nº 1, Silvia Montserrat, expuso la compleja realidad que enfrentan a diario frente a los consumos problemáticos. Habló de madres que piden la internación de sus hijos, de un sistema desbordado, de los límites que impone la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y de un dato alarmante: en enero de 2026, 22 personas —desde los 13 años— debieron ser internadas por cuadros vinculados a la drogadicción.
La titular del Juzgado de Familia N°1, Dra. Silvia Monserrat, estuvo en el desayuno de Tandil Despierta para reflexionar sobre su trayectoria y el presente de la justicia local. Al cumplirse 17 años desde que asumió su cargo, la magistrada realizó un diagnóstico crudo sobre los desafíos que enfrentan las familias tandilenses y las limitaciones del Estado para dar respuestas efectivas a las patologías sociales emergentes.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailMonserrat recordó que Tandil fue pionera en la puesta en marcha de los juzgados de familia y que, durante su gestión, el sistema fue atravesado por cambios estructurales como el régimen de promoción de derechos del niño y la nueva Ley de Salud Mental. "Fuimos los primeros jueces abrigadores", señaló, al tiempo que remarcó que la adaptación constante fue la regla en una sociedad que cambió drásticamente sus problemáticas de fondo.
El debate sobre la Ley de Salud Mental
La magistrada expresó su preocupación por la tensión que existe entre la legislación vigente y las necesidades urgentes de las familias que padecen casos de adicciones severas. Explicó que la normativa actual prioriza la voluntad del paciente y solo permite la internación involuntaria ante un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Para la jueza, esta mirada técnica suele fallar al evaluar la realidad cotidiana de los afectados.
"Muchas veces los efectores de salud miran la fotografía del momento de lucidez y no la película del historial de agresividad", sentenció Monserrat. En ese sentido, sostuvo que las leyes regulan realidades, pero no "crean" cultura por sí solas, por lo que consideró fundamental trabajar sobre las conductas sociales y contar con políticas públicas que acompañen los textos legales.
Asimismo, cuestionó que la mayoría de los dispositivos estatales, como el CPA, se basen primordialmente en la voluntad del individuo para iniciar un tratamiento. "Si el adicto tuviera voluntad, no sería adicto", disparó la magistrada, subrayando que es imposible trabajar únicamente con aquellos que manifiestan el deseo de rehabilitarse, ya que la esencia de la patología anula esa capacidad de decisión y discernimiento.
Finalmente, advirtió sobre la falta de infraestructura para tratar los casos más graves en la ciudad. Señaló que en la actualidad no existen suficientes instituciones cerradas para internaciones de largo alcance o para pacientes altamente agresivos que requieren entornos controlados. Según su visión, el sistema local se encuentra desbordado ante un aumento de demanda que registró un salto de 35.000 a 48.000 personas atendidas en el sistema de salud pública en solo dos años.
El impacto social de las sustancias
Silvia Monserrat alertó sobre dos fenómenos que crecieron exponencialmente en Tandil: los intentos de suicidio en adolescentes y el inicio del consumo de sustancias en niños de apenas 13 o 14 años. Esta vulnerabilidad juvenil se traduce luego en un endurecimiento de la delincuencia. Según explicó la magistrada, la droga provoca la pérdida de los frenos inhibitorios, lo que deriva en que el delito sea cada vez más violento y menos "planificado".
"Ya no hay profesionalidad en el delincuente; hoy matan por un celular porque están bajo efectos de la sustancia o en síndrome de abstinencia", describió con preocupación. Monserrat fue contundente al señalar que el Estado nacional y la provincia delegan responsabilidades en los municipios sin enviar los recursos económicos correspondientes para afrontar estas problemáticas que desbordan la capacidad de respuesta local.
Para cerrar, la titular del Juzgado de Familia N°1 compartió la angustia que vive a diario frente a los reclamos de la sociedad. "A las madres que vienen al juzgado les digo que no es que no queramos hacer, es que no tenemos recursos", confesó. Concluyó con un llamado a la acción política para recuperar la esperanza de las familias y garantizar que la justicia cuente con las herramientas necesarias para intervenir en lo que definió como el "drama contemporáneo" de la sociedad.