De 4,2% en 2009 a 2,2% en 2023: esa fue la caída de la tasa de Investigaciones Penales Preparatorias (IPPs) iniciadas en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil –los delitos presuntamente cometidos por adolescentes de 16 y 17 años- en la provincia de Buenos Aires.

En paralelo, en el territorio bonaerense existen apenas 11 casas de contención con cupos para seis u ocho jóvenes cada una: 88 vacantes en total para toda la Provincia.

Basados en estos y otros números, el director de Servicios Zonales y Locales del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, Eduardo Martínez, y el defensor oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 4 del Departamento Judicial de Azul, Leonel Calles, cuestionaron con dureza la reciente media sanción al proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años en Argentina.

Cabe recordar que, en una sesión especial, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el jueves por la noche el nuevo Régimen Penal Juvenil por 149 votos afirmativos contra 100 negativos.

La iniciativa —impulsada por la senadora de La Libertad Avanza y exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich— fijaba originalmente la edad mínima en 13 años pero, tras negociaciones con los bloques aliados, quedó establecida en 14. El texto será girado al Senado de la Nación para su tratamiento, que se prevé en los próximos días.

En diálogo con El Eco de Tandil, Eduardo Martínez, además licenciado en Trabajo Social, planteó en primer término un reparo jurídico. “Hay muchos argumentos para oponernos a la baja de punibilidad. En primer lugar, que es inconstitucional porque nosotros tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño que tiene jerarquía constitucional, sumado a otros tratados internacionales”, afirmó.

Y rechazó lo que definió como “frases instaladas” en el debate público. “A frases ya instaladas de que el menor de 16 años es el eslabón fundamental en un circuito delictivo, hay que responderle a partir de diversos estudios realizados y de datos estadísticos objetivos, palpables y reales y no quedar parados en disputas teóricas”, sostuvo.

“Que la respuesta sea el Estado como castigo es realmente criminal”

En ese sentido, remarcó que en la provincia con mayor densidad poblacional del país “la tasa de delitos juveniles bajó casi a la mitad: pasó de 4,2% a 2,2 % entre 2009 y 2023”.  Los números aportados por Martínez, que muestran la evolución de la incidencia de las IPPs penales juveniles en relación al total de las IPPs, se sustentan en datos oficiales de la Procuración de Justicia de la Corte Suprema bonaerense.

Para el funcionario de Tandil, la discusión no puede separarse del contexto social. “En un país donde siete de cada diez pibes son pobres, que la respuesta sea el Estado como castigo es realmente criminal”, expresó y consideró “realmente descabellado pensar que ‘si hay delito de adulto, debe haber pena de adulto’”.

En su análisis, el director provincial vinculó la reforma con un cambio de paradigma estatal. “Los gobiernos de derecha potencian las mismas prácticas; con las recetas de siempre. El Estado social es destruido dramáticamente y transformado en un Estado penal, punitivo”, afirmó.

Y fue más específico: “Para ser más claro: familias sin trabajo, poder adquisitivo cada vez menor, ruptura de los vínculos y de las redes. En ese contexto, el Estado aparece de manera de castigo”, resaltó.

Martínez cuestionó además la política económica y social del gobierno nacional que encabeza Javier Milei, al sostener que “genera y constituye espacios de violencia, desocupación y precarización laboral; una baja en la inyección de recursos en Educación, en Salud y en políticas jubilatorias”.

A ese “combo explosivo” —añadió— “se le suma que se encargó de voltear todos los programas o intervenciones específicas hacia los jóvenes y adolescentes de nuestro territorio”.

Como contracara, Martínez destacó el programa Entramados, implementado por la provincia de Buenos Aires para el trabajo preventivo con adolescentes.

Según explicó, se trata de una red de articulación entre distintas áreas del Estado que se materializa en el acompañamiento y en la inyección de recursos provinciales a los municipios (ver recuadro).

“No es algo para tratar en sesiones extraordinarias”

Desde el plano estrictamente penal, Leonel Calles, defensor oficial del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 4 del Departamento Judicial de Azul, con sede en Tandil, advirtió que la baja de la edad está “totalmente discutida y hasta criticada por todos los fueros de menores”.

Si bien reconoció que desde hace años desde el fuero se reclama una reforma de la Ley 22.278 —vigente desde 1980—, subrayó que la misma debe ser consensuada y debatida en profundidad.

Consultado por El Eco Multimedios, Calles explicó que la iniciativa que se debate y que ya tiene media sanción no solo implica bajar la edad de imputabilidad sino también equiparar las penas.

Actualmente –expresó- un menor que comete un delito tiene una pena disminuida con respecto a la de un adulto. Con la nueva ley, “la pena del menor se equipara a la pena de los mayores y a la del Código Penal normal”, indicó con preocupación.

En ese sentido, recordó que la Ley 22.278 establece que en delitos con pena en expectativa menor a dos años —como lesiones leves o amenazas— no se imponía la sanción.

“Es muy normal que un chico, de cualquier clase social, se agarre trompadas o tenga algún conflicto por amenazas. En eso el Estado no se metía, pero ahora (si se aprueba la nueva ley) sí se va a meter, y el chico va a tener una causa”, advirtió.

Por eso, remarcó que la reforma “no es solamente para delitos graves”, sino que “se va a terminar aplicando para absolutamente todas las causas de menores de 18 años, a partir de los 14”.

En cuanto a la ejecución de la pena, Calles detalló que la ley prevé tres sistemas: para penas menores de tres años, de tres a seis, y mayores de seis, con un máximo de 15 años. Los casos más graves irían a institutos cerrados, mientras que los restantes deberían cumplirse en dispositivos abiertos.

En este punto –alertó- el problema es la infraestructura disponible. “En la provincia de Buenos Aires hay 11 casas de contención que tienen capacidad vacante para seis u ocho chicos. Tenemos una capacidad, en toda la provincia, de 88 vacantes; son muy pocas”, describió.

En Tandil, agregó, la casa de contención funciona con seis jóvenes detenidos, todos provenientes del Gran Buenos Aires, porque en ese territorio “no dan abasto”, aseguró.

Para el defensor, la provincia no cuenta con “la infraestructura ni la capacidad económica para albergar a los chicos que vamos a tener punibles de aquí en adelante”.

Por otro lado, Calles cuestionó el trámite parlamentario y señaló que hubo 45 proyectos previos y que el texto que obtuvo media sanción se presentó apenas días antes de su tratamiento. “No es algo para tratar en sesiones extraordinarias, sino que es algo que lleva mucho debate”, sostuvo.

Y recordó que, en discusiones anteriores, la mayoría de los especialistas convocados se manifestaron en contra de bajar la edad y de eliminar la distinción de penas.

“La jurisprudencia de la Corte Interamericana está totalmente en contra. Dice que el niño debe tener una pena diferenciada a la del mayor”, concluyó el especialista.

El proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil que impulsa La Libertad Avanza obtuvo media sanción el jueves gracias al acompañamiento de la UCR y del PRO, principalmente. En contra se manifestaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros bloques minoritarios.

Entramados avanza con eje en la prevención y el trabajo con adolescentes

A cuatro meses de su presentación en la ciudad, el programa Entramados transita en Tandil su etapa de implementación con propuestas educativas, deportivas y socio-familiares orientadas a jóvenes en conflicto con la ley penal o en riesgo de estarlo.

Así lo confirmó a este Diario Eduardo Martínez, director de Servicios Zonales y Locales del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, quien detalló los avances de la iniciativa impulsada por el Gobierno bonaerense.

Presentado en octubre de 2025 como una política interministerial coordinada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, con participación del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y el acompañamiento de las carteras de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad, el programa busca un abordaje preventivo e integral frente a situaciones de conflictividad penal juvenil.

“En la ciudad de Tandil, el Programa Entramados ya ha superado su primera etapa, centrada en la elaboración de un diagnóstico integral sobre el funcionamiento del sistema de promoción y protección de derechos y el análisis de las situaciones de mayor conflictividad en el territorio”, explicó Martínez.

Según precisó, “esa instancia permitió identificar fortalezas, nudos críticos y casos que requieren abordajes prioritarios”.

Superada esa fase inicial, actualmente el programa se encuentra en plena ejecución. “Implica la implementación de propuestas educativas, formativas, recreativas y deportivas, junto con un abordaje socio-familiar y territorial específico en aquellas situaciones que demandan intervención urgente”, indicó el funcionario.

El objetivo, sostuvo, es “garantizar la restitución efectiva de derechos, prevenir la delincuencia juvenil y reducir los niveles de reincidencia a través de un trabajo sostenido y articulado en la comunidad”.

En ese marco, Martínez advirtió que la ciudad no está exenta de las problemáticas que atraviesan otros distritos. “Tandil no es una isla ni un municipio aislado del país. Nos faltan espacios municipales que trabajen la promoción y la prevención en materia de niños, niñas y adolescentes”, señaló.

Y reconoció que en muchos barrios ese rol lo cumplen organizaciones de la sociedad civil, como centros de día y espacios de fortalecimiento, que “se sostienen con escasos recursos”, por lo que consideró necesario afianzar el trabajo conjunto.

Como ejemplo de esa articulación, mencionó la reciente apertura del centro cultural y deportivo “Diego Armando Maradona”, en el barrio Tunitas, impulsado junto a la asociación civil De Corazón Tandilense.

“Es una respuesta, o al menos una de ellas: que los pibes hagan deporte y actividades culturales gratis, que vuelvan a constituir lugares de pertenencia”, expresó, al tiempo que remarcó la importancia de que talleristas y profesionales puedan detectar y acompañar situaciones problemáticas a tiempo.

“Recuperemos a esas infancias dándole espacios de calidad y no lleguemos cuando el daño esté hecho”, finalizó.