La directora del Centro Provincial de Atención en Salud Mental y Consumos Problemáticos (CPA) de Tandil, Alejandra Esains, aseguró que en el último año aumentó exponencialmente la consulta vecinal en el organismo y lo atribuyó a diversas variables.

En diálogo con El Eco de Tandil, la trabajadora social con especialización en salud social y comunitaria describió un escenario marcado por un incremento en la demanda del servicio y señaló que “en este momento, estamos en más de 800 personas que consultan por mes. Podría decir que hace dos meses estábamos en alrededor de 700 y que hace tres meses eran cerca de 600 los consultantes”.

Sobre las causas de este aumento, la funcionaria analizó: “Creo que, por un lado, hay una mayor inserción del CPA en la comunidad, hay un mayor reconocimiento de lo que se hace acá. Pero, por otro lado, también hay un incremento del consumo en un contexto económico que conduce a condiciones de mayor vulnerabilidad”, afirmó.

El fenómeno no solo se expresa en la demanda espontánea al organismo. “Podemos decir que en los últimos meses se han incrementado bastante las consultas por situaciones de consumo, tanto a nivel individual –es decir, personas que se acercan voluntariamente a solicitar atención– como de familiares u otros referentes que piden ayuda para un ser querido”, contó Esains.

A esto –dijo- se suma el rol de otros organismos estatales: “Y también se incrementó a partir de derivaciones de organismos del Estado que visualizan estas problemáticas en personas que vienen acompañando”, aseguró.

El CPA -que depende de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias del Ministerio de Salud bonaerense- cuenta en Tandil con dos extensiones territoriales, en los barrios Movediza y Tunitas, algo que permite ampliar el alcance del trabajo y observar de cerca cómo evolucionan los consumos.

“Al estar en esos territorios articulando con otros actores institucionales y sociales podemos dar cuenta del incremento del consumo, e incluso también podemos dar cuenta del incremento del consumo en población cada vez más pequeña”, advirtió.

En esa línea, Esains señaló un cambio significativo y sostuvo que “hace un tiempo atrás, no acompañábamos tantos procesos de adolescentes, pero ahora sí”.

Asimismo destacó otra tendencia que se volvió visible en los últimos meses. “Algo que observamos en este último tiempo es que, a diferencia de hace aproximadamente un año -cuando los consultantes eran en su mayoría varones-, se ha incrementado el número de mujeres que se acercan a la consulta”.

-¿Qué lectura puede hacer de esta situación?

-Creo que hay más mujeres que consultan por ellas mismas. Antes, las mujeres que se acercaban lo hacían para pedir ayuda para un hijo, para un hermano, para su pareja… Ahora hay un mayor reconocimiento de la problemática que padecen.

-El domingo pasado, una nota publicada en el suplemento La Vidriera de este Diario evidenció –de acuerdo a datos aportados por el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP)- que, en lo que va del año, se registró el nacimiento de un bebé por mes con Síndrome de Abstinencia Neonatal, algo estrechamente vinculado al consumo de sustancias materno. ¿Cómo abordan esta problemática desde el CPA?

-En relación al incremento del consumo perinatal, estamos acompañando a muchas mujeres embarazadas -o cuyos hijos o hijas ya nacieron-, que están en situación de consumo. Creo que esto también ha hecho variar un poco el número en cuanto a la demanda. Y sí, es una problemática que venimos abordando y que se ha incrementado mucho. Es un problema que implica también empezar a estudiar, a formarnos y a buscar otras herramientas porque observamos que esas mujeres llegan a nosotros, como organismo provincial, mayoritariamente cuando ya fueron a parir. Entonces creemos que estamos llegando tarde.

-¿Qué trabajo están haciendo en ese sentido?

-Tuvimos la posibilidad de generar un espacio articulado con Salud Comunitaria y con Salud Mental del Municipio para poner en común como estábamos viendo la problemática. Para pensar en estos abordajes que son sumamente complejos, es necesario pensar esta problemática no desde un lugar punitivista, de castigo, sino incorporando una perspectiva de derechos humanos y una perspectiva de género. Por eso nos pareció sumamente importante generar este espacio para poder construir una estrategia que se convierta en una política pública local. Sentimos que hay mucha desarticulación en estos abordajes; por ahí cada quien va trabajando con miradas diferentes y esto hace que no se terminen garantizando los derechos para las personas gestantes ni para los niños y niñas. Acá intervienen Organismos de Niñez, la Justicia, el Servicio Social del Hospital y lo que nos pareció importante es empezar a detectar tempranamente esta problemática para que se pueda generar una transformación real y que esto no le implique complicaciones a los pibes cuando ya nacieron.

-¿Y cómo se puede detectar prematuramente?

-Con un trabajo intersectorial. Desde la Educación Sexual Integral (ESI), por ejemplo, desde la escuela. Pero es evidente también que ha habido programas del Estado Nacional que desaparecieron y que eso implica contar con menos equipos. El desmantelamiento de las políticas públicas hace a que la prevención ya no se esté dando como antes del gobierno de Javier Milei.

La internación como último recurso

Por otro lado, Esains describió el panorama cotidiano atravesado por la complejidad de los procesos de salud mental y por la diversidad de situaciones con las que llegan las personas al sistema público.

En el marco de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, aprobada por el Congreso de la Nación en 2010, la directora del CPA explicó que las puertas de ingreso son múltiples y responden a realidades muy distintas: “Hay quienes llegan a la consulta por voluntad propia, hay quienes llegan acompañados con familiares y están también quienes llegan a partir de solicitud de otros organismos, como puede ser la Justicia o los Organismos de Niñez”, contó.

Esa amplitud de recorridos convive, además, con diferentes niveles de conciencia y disposición frente al tratamiento: “Hay quienes están con la decisión y la voluntad de comenzar un tratamiento y hay quienes están porque sienten la obligación de estar”, aseguró.

En ese escenario, el trabajo del equipo se orienta a sostener ese proceso aun cuando la demanda inicial no surge del propio deseo de quien consulta.

“En esos casos, se trabaja mucho en poder construir esa voluntad”, señaló Esains y subrayó que uno de los mayores desafíos es acompañar cuando “no está el deseo, la voluntad y el reconocimiento de quien está viviendo esta problemática”.

En este punto, el rol de las familias aparece como un componente clave, aunque no siempre se logra su participación. “A veces es la familia la que se acerca, pero eso no siempre se logra. De todas maneras, hemos visto un incremento en la participación de los familiares y del entorno cercano de la persona”, destacó.

Esains remarcó además que la normativa nacional contempla la posibilidad de una internación involuntaria, aunque como una medida excepcional y regulada.

“Sabemos que la posibilidad de internación o de pensar en un tratamiento involuntario no es lo mejor, pero la familia tiene que saber que cuando esa persona está en riesgo o pone en riesgo a su entorno, esa situación se puede judicializar y se puede solicitar una internación”, afirmó pero advirtió que se trata de una herramienta que sólo debe utilizarse en circunstancias extremas y siempre con la intervención de la Justicia.

-¿Ese proceso judicial es lento?

-No, no es lento. La Ley estipula los plazos. Pero es una herramienta que utilizamos como último recurso. Es necesario, primero, buscar diferentes estrategias para poder acompañar a la persona en su entorno, para poder garantizar que se sostengan los vínculos afectivos, los vínculos familiares y toda esa red de apoyo que es necesario construir para acompañar estos procesos. El consumo problemático es multicausal, sumamente complejo y no podemos pensar que se va a resolver abordándolo solamente desde un efector de salud. Porque cuando pensamos en personas que están en situación de consumo, muchas veces nos encontramos con personas que no tienen acceso al sistema de salud, que fueron excluidas del sistema educativo, que no tienen acceso al trabajo o a la vivienda.

-¿Esas personas vulnerables constituyen la mayoría de quienes se acercan al CPA?

-Sí, son la mayoría, pero no son las únicas. Hay que tener bien claro que el consumo atraviesa toda la sociedad, no está exclusivamente vinculado con la vulnerabilidad socioeconómica. Aunque sí es cierto que la vulnerabilidad socioeconómica determina o profundiza de alguna manera las situaciones de consumo.

-¿Cuántas personas trabajan en el CPA?

-El equipo tiene aproximadamente 30 personas, entre psicólogos, psiquiatras, trabajadoras y trabajadores sociales, personal administrativo y psicopedagogas.

-¿Cree que es suficiente esa cantidad de trabajadores para sostener la demanda?

-Hace un año, cuando llegaba una persona, tenía turno de una semana para la otra. Pero hubo algo que modificamos en los procesos de admisión: antes se hacían de manera individual y ahora se hacen con una dupla de trabajadores, de manera interdisciplinaria, lo que es mucho más rico e interesante. Eso también hace que los turnos de admisión se reduzcan. Ahora no contamos con lista de espera, pero tal vez los turnos de admisión son a 15 días.

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