En la sede de ATE, ayer, se realizó una conferencia de prensa para visibilizar el desfinanciamiento y desmantelamiento que incide en la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU) de la Nación, creada para implementar la Ley 27.453 de 2018, que fue ratificada en 2022 y que extendió hasta 2032 el Registro Nacional de Barrios Populares.

En Tandil, son once los vecindarios relevados, donde habitan dos mil familias con distintos niveles de vulnerabilidad de derechos. Mientras algunos, a través de obras financiadas por el fondo del SISU y concretadas por cooperativas de la economía popular en acuerdo con los barrios, accedieron al agua corriente, mejora de instalaciones eléctricas de sus viviendas o a las cloacas, en todos ellos huelgan avances en infraestructura mínima y vital. Además, en ese grupo se cuenta la última toma en La Movediza, con acceso por Piccirilli al mil, sobre la cual pesa una orden judicial de avanzar en la urbanización.

En la mesa de ayer participaron Paula Alonso Torres y Enzo Pochettino, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); Érica Lanzini, dirigente de ATE; Zulema Mango, integrante de La Poderosa de Villa Cordobita; la vicedecana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Unicen, Alejandra Ballester; Yanina Venier, dirigente de Patria Grande; Nicolás Larsen, trabajador de la SISU; Mailén Pogorzelski, integrante de Movimiento Evita y concejal por Fuerza Patria; Estela Sinópoli, secretaria general de Suteba Tandil, y Juan Manuel Carri, en representación de la CGT Tandil.