El Municipio espera mejorar la facturación a las obras sociales para atenuar el impacto económico del nuevo acuerdo
Luego de una ardua negociación, el Ejecutivo llegó a un consenso con Salud que implicará la designación de nuevo personal para compensar la reducción horaria y el aumento de los recursos que se reparten de lo que ingresa por mutuales y prepagas.
Tras el arreglo económico y laboral con los agentes sanitarios, Gastón Morando, presidente del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) habló del tema y consideró que, en medio de un proceso complejo, se pudo arribar a un mejoramiento de la propuesta que conformó a ambas partes, aunque cada sector en puja tuvo que ceder pretensiones.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailAsí, luego de meses de disputa, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tandil y las autoridades comunales acordaron un esquema de reducción horaria de 48 a 36 horas semanales de carácter definitivo para algunas áreas y una suba del 67 por ciento en la bonificación que se percibe por la recaudación de las obras sociales.
La oferta original contemplaba el achicamiento horario para los mismos agrupamientos –Emergencias, Guardia, Neonatología, UCRI y Bromatología-, pero por el tiempo que durase la Emergencia Sanitaria por el Covid-19. El acuerdo, ahora, establece que la medida tendrá carácter permanente.
En tanto, la administración municipal también decidió duplicar el porcentaje de distribución de los recursos que ingresan al sistema por la facturación a las prestadoras de salud, con el objeto de mejorar el ofrecimiento económico, que fue un punto de conflicto fuerte.
Previamente, la oferta de repartir el 20 por ciento motivó el paro de actividades que llevaron a cabo los empleados, al considerar que se trataba de un porcentaje “magro”. Atentos a ello, las negociaciones estuvieron orientadas a aumentar esta suma y, finalmente, la masa de distribución de recursos para el sector trabajador se fijó en el 40 por ciento, con un piso de 8.500 pesos.
El impacto económico
En diálogo con El Eco de Tandil, Morando explicó que el arreglo va a implicar, obviamente, un impacto fiscal porque se deberá designar nuevo personal producto de la reducción del régimen horario de los agrupamientos, pero aclaró que para estas designaciones adicionales se planteará un cronograma de acá a fin de año, con el propósito de atenuar el efecto que la medida tendrá en las arcas comunales.
En un escenario estático, el Municipio acusaría el impacto de estas nuevas medidas ya que debería afrontar los costos del nuevo personal y el pago de las bonificaciones con un piso exigido, situaciones que no fueron consideradas con anterioridad.
En este sentido, indicó que “la determinación del impacto económico tiene un componente de incertidumbre porque hay un parámetro variable, que es la facturación a las obras sociales. Si en el futuro próximo incrementamos la cobrabilidad de este concepto, el costo fiscal no sería tan significativo. En la medida en que este ítem mejore vamos a estar en una situación de ganar ambas partes en términos económicos; el SISP y el Municipio, y los empleados, porque habrá más recursos para distribuir”.
En instancias previas de la negociación, el costo financiero de acceder a los pedidos de los trabajadores creó una tensión entre ambas partes, porque el Ejecutivo no estaba dispuesto a resignar ciertos niveles de atención ni a autorizar 70 nuevas designaciones -con un costo de 54 millones de pesos- para cumplir las demandas de pasar a todo el personal sanitario al régimen reducido.
La discusión futura será la declaración de insalubridad para todos los sectores, algunos ya la tienen, un pedido que debe traccionarse ante el Ministerio de Trabajo bonaerense.
Facturación a obras sociales
No obstante, el funcionario ponderó que se trata, además, de una oportunidad para perfeccionar la registración de las prácticas que brindan en los nosocomios locales y lograr que todos los pacientes pongan a disposición su cobertura social, en pos de incrementar el caudal de recursos que nutre, en parte, al sistema estatal.
“Se deben mejorar aún más los arreglos con las obras sociales, hay todavía muchas que nos deben. Hay que mejorar los convenios vigentes porque los valores están por debajo de lo que pagan por las mismas prestaciones en el sector privado. Hay una serie de cosas para trabajar en la medida en que haya compromiso de todas las partes y entonces el impacto fiscal debería ser bajo“, explicitó Morando.
En esta línea, una de las prestadoras que mantiene deudas es IOMA, que le debe todavía 22 millones de pesos al Sistema de Salud, aunque no hay por el momento negociaciones por el tema con la entidad provincial.
“Enviamos notas solicitando la regularización del pago, más teniendo en cuenta que IOMA recibe pagos al día del Municipio; se pagan todos los meses los aportes porque la Provincia lo deduce de la coparticipación. Nosotros estamos al día con los aportes de los empleados pero IOMA no tiene la misma consideración con el Municipio”, planteó.
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