A través de un comunicado, la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires expuso que a 50 años del último golpe de Estado en la Argentina, “reafirma su compromiso con la memoria, la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país”.

La casa de estudios destacó que “desde la recuperación de la democracia en la Argentina, las políticas públicas de memoria, verdad y justicia se han construido como parte de un proceso arduo y colectivo, generando un significativo acumulado social e institucional, que hoy constituye un rasgo identitario de nuestra sociedad, reconocido a nivel internacional”.

En el mensaje publicado en su sitio oficial, reconoció que “en este recorrido, la lucha colectiva y sostenida de las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, HIJOS, los organismos de derechos humanos y los y las sobrevivientes se ha consolidado como un pilar ético y político indispensable para el fortalecimiento de la democracia”.

En tanto, la Unicen advirtió que “en la actualidad, se identifican dinámicas regresivas que remiten a la lógica instaurada en 1976: la deuda externa como instrumento de condicionamiento de las decisiones estatales, junto con procesos de transferencia de recursos desde los sectores sociales hacia el ámbito financiero. A esto se añade un sostenido deterioro de lo público y una restricción de las libertades democráticas, manifestada en la creciente judicialización de la política y en mecanismos de exclusión dirigidos hacia dirigentes que promovieron proyectos orientados al fortalecimiento de las políticas de memoria, verdad y justicia en la Argentina”.

Por lo tanto, consideró que “en este contexto, resulta necesario asumir una posición crítica frente a la reaparición de discursos negacionistas que relativizan el terrorismo de Estado, así como frente a los embates destructivos de la institucionalidad construida en materia de políticas públicas en esta materia. La universidad pública tiene, en este sentido, una responsabilidad indelegable de sostener una postura clara y fundamentada, basada en la producción de conocimiento  y en la evidencia histórica”.

En otro párrafo, la comunidad universitaria reivindicó que “los principios democráticos y los derechos humanos constituyen un eje rector de la acción institucional y los cimientos de una educación pública de calidad, indispensable para fortalecer el consenso social democrático y contribuir a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y soberana”.

En ese sentido, sostuvo que las casas de estudio no sólo forman profesionales, “son ámbitos de producción de conocimientos, debate de ideas y construcción de valores que sostienen la vida democrática. Su función es, por definición, inseparable del compromiso con la memoria,  entendida no como una mera evocación del  pasado, sino como una herramienta activa para la construcción del presente y la proyección del futuro”.

Tras resaltar que la Unicen fue sede para los juicios de lesa humanidad y colaboró en la señalización de los centros clandestinos de detención, entre otras actividades articuladas con la comunidad. “Estos procesos no solo aportan a la reparación, sino que consolidan una democracia basada en la justicia y en la no repetición”, afirmaron y convocaron “a la comunidad en su conjunto, y a la universitaria en particular, a sostener estos principios, a participar activamente de los espacios de construcción colectiva y a reafirmar, en el presente, un horizonte común basado en la verdad, la justicia y la ampliación de derechos”.

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El Eco de Tandil

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