Con un debate sobre la mesa a partir del proyecto de ley presentado por Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, el concejal Marcos  Nicolini desarrolló su punto de vista en diálogo con El Eco Multimedios. El legislador explicó que la propuesta no termina en la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad, sino que representa un cambio estructural en el sistema.

Nicolini recordó que la normativa vigente es la Ley 22.278, sancionada en 1980, la cual no ha tenido modificaciones significativas hasta el presente. En este sentido, el concejal señaló que el nuevo texto busca adaptar la legislación a los tratados internacionales de derechos del niño y adolescente que fueron incorporados a la Constitución Nacional tras la reforma de 1994.

Uno de los puntos destacados por el referente de Hechos fue la mención al fallo Mendoza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este caso sentó un precedente al condenar al Estado por aplicar penas de reclusión perpetua a menores, una práctica prohibida por los estándares internacionales de derechos humanos. Según explicó, el nuevo régimen propone un máximo de 20 años de prisión para delitos cometidos por menores, incluso en casos donde el Código Penal estipula penas mayores en adultos.

La iniciativa establece una franja de punibilidad que comenzaría a los 13 años y se extendería hasta los 18, momento en que los ciudadanos ingresan al régimen penal común. Al respecto, Nicolini consideró que el debate sobre la edad requiere un análisis pormenorizado sobre las condiciones de detención y los objetivos de la pena. Para el edil, la propuesta resulta "bastante completa" al contemplar también mecanismos de resolución alternativa de conflictos.

Reforma integral y adaptada

Nicolini detalló que el proyecto nacional introduce figuras como la mediación penal y la suspensión del juicio a prueba, siempre que se cumplan determinados requisitos procesales. En los casos donde la escala penal sea menor a los seis años de prisión, el Ministerio Público Fiscal podrá optar por métodos alternativos de resolución, contando siempre con la opinión de la víctima.

Otro de los puntos que resaltó fue el rol activo que se le otorga a quien sufrió el delito. La normativa prevé que la víctima debe ser escuchada, asegurando que su perspectiva sea considerada antes de aplicar una medida. Este cambio de paradigma intenta garantizar que la justicia no sea solo un trámite administrativo entre el Estado y el imputado, sino un proceso de reparación.

En cuanto a las penas privativas de libertad, el legislador local remarcó que el espíritu de la ley debe ser la reeducación y concientización del menor sobre la gravedad de sus actos. El escrito presentado hace hincapié en que cualquier sanción, ya sea de cumplimiento efectivo o medidas alternativas como los trabajos comunitarios, no debe interrumpir la escolarización obligatoria. El objetivo final, según expresó Nicolini, debe ser la reinserción social efectiva para evitar la reincidencia.

El debate sobre la edad

Al abordar la comparativa internacional que fundamenta el proyecto, Nicolini subrayó que Argentina y Cuba son actualmente los únicos países de la región que mantienen los 16 años como edad mínima de imputabilidad. En contraste, naciones como Perú, Colombia y Chile establecieron el límite en los 14 años, mientras que en Brasil y México la responsabilidad penal juvenil comienza a los 12 años.

Esta asimetría regional es uno de los argumentos que el Gobierno nacional utilizó para sustentar la baja a los 13 años. Sin embargo, Nicolini sugirió que, por cuestiones de convivencia y desarrollo, sería más conveniente establecer el piso en los 14 años. De esta manera, el sistema podría organizar el alojamiento de los jóvenes en dos franjas etarias: una de 14 y 15 años, y otra de 16 y 17 años, respetando las diferencias madurativas de la adolescencia.

El edil insistió en que el debate no debe centrarse exclusivamente en la edad, sino en las condiciones de los lugares de detención. Aseguró que para que la ley sea efectiva, el Estado debe garantizar que los establecimientos destinados a menores sean espacios reales de formación. La preocupación por el "futuro de reinserción" fue una constante en el discurso del legislador, quien afirmó que el sistema actual no está cumpliendo con esta parte.

Para Nicolini, la oportunidad de debatir este régimen penal es clave para terminar con la sensación de impunidad que rodea a ciertos delitos juveniles. Explicó que, bajo la ley vigente, cuando un menor de 16 años comete un hecho delictivo, el proceso suele limitarse a una audiencia ante un juez y la entrega del joven a sus progenitores, sin que existan consecuencias reales que fomenten la toma de conciencia. 

Programa restaurativo

Más allá de la discusión legislativa, el edil puso el foco en una herramienta concreta para el ámbito local: el programa restaurativo para jóvenes en conflicto con la ley penal. Esta propuesta, que el concejal viene impulsando desde el año 2019, busca que el municipio tenga una participación activa en la intervención temprana, coordinando esfuerzos con el sistema judicial y los niveles provinciales de gobierno para abordar la problemática social.

El programa se basa en el concepto de justicia restaurativa, un modelo que busca que el adolescente comprenda que sus acciones tienen consecuencias directas sobre otras personas y sobre la sociedad. Nicolini destacó que este tipo de políticas ya se aplican con éxito en varios municipios de la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba.

"Lo que se busca es concientizar a ese menor de la gravedad del delito cometido", afirmó, remarcando que la intervención estatal no debe ser solo punitiva, sino orientadora. La propuesta contempla que el joven asuma responsabilidades y participe en procesos de mediación que le permitan reinsertarse en la comunidad de manera constructiva.

Finalmente, Nicolini aseguró que Tandil cuenta con las condiciones para ser pionera en este tipo de abordajes. El legislador concluyó que, independientemente de lo que se resuelva en el Congreso Nacional respecto a la ley federal, el gobierno local debe involucrarse en la gestión de la seguridad y la prevención juvenil.

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