“La realidad es que, en términos generales, a las personas con discapacidad no les modifica en nada. La realidad es que seguimos siempre parados en el mismo lugar”. Así definió la abogada Gabriela Marti, especialista en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, a la reciente reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad por parte del Gobierno que conduce Javier Milei.

Para la profesional y madre de un niño con discapacidad, el texto oficial introduce precisiones administrativas pero no implica cambios sustantivos en la vida cotidiana de quienes deberían ser los principales destinatarios de la norma.

En efecto, el decreto 84/2026, firmado por el Presidente y publicado en el Boletín Oficial, reglamenta la Ley de Emergencia hasta el próximo 31 de diciembre y define los procedimientos operativos para un nuevo régimen de pensiones no contributivas destinadas a personas con discapacidad.

La medida fue adoptada tras un fallo del Juzgado Federal de Campana que declaró inválida una suspensión previa de la ley por falta de financiamiento y ordenó su aplicación inmediata, aun cuando el Estado nacional apeló la sentencia.

Ayer, al ser entrevistada por El Eco Multimedios horas después de la publicación de la medida, Marti explicó que toda ley necesita una reglamentación para poder aplicarse, ya que es allí donde se establecen las pautas concretas de ejecución.

En este caso, señaló que el decreto surgió “por presión de la Justicia” y que introdujo cambios formales, como la modificación del nombre del beneficio, además de fijar reglas más claras para su otorgamiento y control.

Sin embargo, advirtió que la reglamentación no define aspectos centrales. “No establece monto porque no establece tampoco el aumento del nomenclador: esta reglamentación no establece presupuesto ni otorgamiento de subsidios”, remarcó Marti.

En ese sentido, sostuvo que la pensión continúa siendo una prerrogativa del Estado y no un derecho exigible: si hay fondos disponibles se otorga y, si no los hay, simplemente no se concede, aseguró.

“No deja de ser un título”

La abogada también cuestionó la falta de coherencia entre la declaración de la emergencia y la ausencia de recursos para enfrentarla. “Sí, estamos con una Ley de Emergencia, pero hay una Secretaría que no tiene presupuesto y no hay intención de aplicar políticas públicas en materia de discapacidad”, afirmó.

Otro de los puntos críticos para Marti es la falta de actualización del nomenclador, que regula los valores de las prestaciones vinculadas a la discapacidad. Según indicó, ese esquema continúa “atado a diciembre de 2024”, lo que impacta directamente en el acceso efectivo a terapias, apoyos y acompañamientos necesarios.

“No deja de ser un título: hay emergencia en materia de discapacidad. Pero la pregunta es si a partir de esto va a haber una aplicación concreta de políticas para sanear esa emergencia. La realidad es que no”, sintetizó.

Desde su experiencia profesional y personal, Marti sostuvo que ni la ley ni el decreto modifican en lo inmediato la vida de las personas con discapacidad. “La persona va a tener que seguir peleándola de la misma manera que la está peleando a diario, con las herramientas que tenga, con los instrumentos que tenga y con la familia que acompañe”, expresó.

Falencias en salud, trabajo y educación

En materia de salud, recordó que la legislación vigente establece que las obras sociales deben cubrir en su totalidad las prestaciones necesarias vinculadas directa o indirectamente a una discapacidad. No obstante, señaló que ese derecho no siempre se cumple y que, en muchos casos, las familias se ven obligadas a judicializar los reclamos para acceder a coberturas básicas.

También puso el foco en el sistema educativo. Si bien destacó que hoy existe el derecho a transitar la escolaridad en una escuela común, advirtió que las instituciones “hacen lo que pueden con las herramientas que tienen” y que muchas familias no logran sostener las trayectorias educativas por la imposibilidad de pagar un acompañante, cuya cobertura no siempre es reconocida por las obras sociales. 

En ese contexto, desmintió uno de los mitos más extendidos: que sin acompañante no se puede asistir a la escuela.

La inserción laboral fue otro de los ejes señalados como una deuda pendiente. En este punto Marti afirmó que para jóvenes y adultos con discapacidad es muy difícil acceder a un empleo y que, cuando existen oportunidades, no siempre están pensadas en función de las capacidades reales de cada persona.

“Tenés que adecuar el trabajo a las capacidades y a lo que realmente puede hacer”, explicó, y agregó que la falta de políticas públicas integrales y de un acompañamiento estatal sostenido desalientan tanto a las personas como a las familias.

Por último, si bien reconoció que la discapacidad dejó de ser un tema tabú y que hoy forma parte del debate público, Marti fue contundente al señalar lo que, a su criterio, sigue faltando: políticas concretas, recursos y compromiso real del Estado. “Que no sea solamente un título”, concluyó.

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