El conflicto entre los médicos de cabecera y el Pami alcanzó un punto de tensión inédito esta semana. Por primera vez en más de 30 años, la Asociación de Profesionales de la Salud (Appamia) resolvió un cese de actividades en todo el país, una medida que en Tandil se sintió con fuerza y que responde a un drástico cambio en las condiciones de contratación y pago de los profesionales. La controversia se originó con la publicación de la circular 2026-1107, la cual, según denunciaron los gremialistas, fue comunicada de manera “retroactiva e inconsulta”.

El doctor Pablo Gorini, delegado gremial de Appamia, explicó que la mayoría de los médicos que prestan servicio para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados operan bajo contratos por honorarios y prestaciones. Hasta el mes pasado, el esquema combinaba un pago por cada afiliado asignado (cápita) de aproximadamente 953 pesos, al que se sumaban pagos adicionales por consultas específicas, como el control anual exhaustivo para la detección de patologías crónicas como diabetes o hipertensión. Sin embargo, la nueva normativa eliminó estos incentivos adicionales.

De acuerdo a lo manifestado por el profesional en diálogo con “La mañana de El Eco” (El Eco Streaming y 104.1 Tandil FM), el anuncio oficial destaca una suba de la cápita a 2.100 pesos, pero en la práctica esto esconde un ajuste sustancial. “Nos sacan las consultas y el incentivo por perfeccionamiento profesional. De mínima, desaparecieron 1,5 millones de ingresos para cada médico”, detalló Gorini. En términos porcentuales, el impacto en los ingresos de los profesionales de la salud representa un 52,4 por ciento menos de lo que percibían hasta marzo, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de los consultorios privados.

El cambio de reglas y un sistema “perverso”

La irritación de los médicos no solo radica en el monto del recorte, sino en el modo en que se ejecutó. Gorini calificó la medida como “intempestiva”, señalando que se enteraron el pasado jueves 9 de que los cambios regirían desde el uno de abril. “Nos dijeron que lo que facturamos, lo facturamos mal. Es un decreto retroactivo que busca reordenar las cuentas de ellos a costa de los médicos de cabecera”, fustigó el referente gremial.

Bajo el nuevo sistema, la denominada “consulta de primera vez” y las consultas de devolución de resultados dejan de abonarse por separado para quedar absorbidas por la cápita general. Además, se impuso un límite estricto a las consultas presenciales espontáneas: el sistema solo permite facturar un máximo de tres por mes por paciente, con un tope de 12 anuales. Según Gorini, este esquema es insuficiente para un afiliado promedio del Pami y establece un “sistema perverso de vigilancia” sobre la labor médica.

“Aunque el médico facture la consulta, se la debitan de forma automática. Además, el sistema informático funciona el 45 por ciento de las veces y a un 30 por ciento de su capacidad, lo que convierte la carga de datos en una tortura crónica”, describió el médico.

Para los profesionales, este escenario se vuelve insostenible considerando que deben afrontar gastos de alquiler, secretaría, insumos de papelería, internet y telefonía con ingresos que se han reducido a la mitad de un día para el otro.

Acefalía y falta de especialistas

La situación en Tandil presenta agravantes específicos. Actualmente, la ciudad cuenta con más de 28 mil afiliados de Pami, pero apenas unos 30 médicos de cabecera permanecen en el sistema. “Estamos los que nos quedamos por cabeza dura y los que después de muchos años se van; no creo que médicos recién recibidos estén tan desesperados como para aceptar estas condiciones”, graficó Gorini.

A la reducción de ingresos se suma una problemática de larga data: la falta de especialistas. En Tandil, el sistema carece de neurólogos que atiendan por la obra social, mientras que especialidades como reumatología o endocrinología cuentan con una cobertura nula o mínima. Esto obliga a los jubilados a pagar consultas de forma privada y luego gestionar un reintegro que suele demorar entre tres y cuatro meses.

Por otro lado, la oficina local de Pami se encuentra actualmente sin un jefe designado, una situación que afecta directamente la operatividad de la UGL (Unidad de Gestión Local). Al no haber un director que firme autorizaciones y permisos, los trámites deben derivarse a Mar del Plata, ciudad que se encuentra sobrepasada por la demanda adicional.

“Todo está en veremos hasta que se nombre un nuevo director. Al no tener con quién conversar por estos asuntos, también nos vemos perjudicados nosotros y los afiliados”, señaló el delegado de Appamia.

Riesgo para los no agremiados

Un punto de preocupación para el galeno es la situación de aquellos profesionales que no están afiliados a Appamia. Si bien el paro es nacional, Gorini advirtió que “no todos deberían arriesgarse” si no cuentan con respaldo sindical. “Al no tener cobertura gremial, se exponen a medidas violentas por parte del Instituto, como el despido o ser desafectados por no atender. El Pami puede tomar medidas drásticas con quienes no estén protegidos por la asociación”, aclaró.

“Una medicina de baja calidad no es lo que merecen los pacientes”

Pese a la contundencia de la medida de fuerza, los médicos de cabecera aclararon que se mantienen guardias mínimas para atender emergencias y la entrega de recetas urgentes que no pueden ser postergadas. Sin embargo, el resto de la actividad se encuentra paralizada hasta que las autoridades nacionales del Pami convoquen al diálogo y revisen la circular.

En ese sentido, el doctor Pablo Gorini expresó que “entendemos los reclamos y las necesidades de nuestros pacientes, pero ellos tienen que entender que una medicina de baja calidad a un bajo precio no es lo que necesitan ni lo que merecen”.

Para los profesionales, el sistema de Pami se sostiene sobre dos pilares fundamentales: el afiliado y el médico de cabecera. “Si van a matar a los médicos, se van a quedar con los afiliados golpeándoles la puerta”, vaticinó.

Finalmente, el referente local de Appamia vinculó la crisis financiera de la obra social con las prioridades presupuestarias del Gobierno nacional. En un tono crítico, sugirió que los fondos destinados a otras áreas, como la Secretaría de Inteligencia, deberían derivarse a la atención médica para evitar el colapso de un sistema que ya adeuda más de 500 mil millones de pesos a las farmacias y suma mil millones si se tienen en cuenta a diversos prestadores en todo el país.

Por el momento, la resolución del conflicto depende de una marcha atrás por parte de la conducción central del Pami, caso contrario, las medidas de fuerza podrían profundizarse en los próximos días.

“Creo que Pami tiene que estar reviendo desde ayer qué es lo que hizo, creo que van a tener que dar marcha atrás mal que le pese. En algún momento va a tener que salir plata de alguna parte, alguna partida va a tener que reducirse”, insistió el médico de cabecera.

Sobre el autor

María Paula Rodriguez

Secretaria de Redacción de El Eco de Tandil. Licenciada en Comunicación Social orientación Periodismo (UNLP)