Alertan por el impacto ambiental y geopolítico de la expansión pesquera china
Un informe advierte que 57.000 barcos industriales chinos concentraron el 44% de la pesca global visible entre 2022 y 2024, con denuncias de prácticas ilegales, subsidios estatales y consecuencias ambientales y estratégicas.
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El impacto ambiental de la pesca industrial china asociado a su expansión global va mucho más allá de la sobreexplotación de recursos. Expertos advierten que el masivo despliegue de embarcaciones impulsado por subsidios estatales otorgados por el régimen de Beijing provoca un severo deterioro en la biodiversidad marina y agrava tensiones geopolíticas con consecuencias de largo alcance.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailSegún un informe de la organización Oceana, publicado por el economista Noah Smith en su blog de Substack, entre 2022 y 2024 unos 57.000 barcos industriales chinos ejecutaron el 44% de la pesca global visible. Estas embarcaciones representaron el 30% del esfuerzo pesquero en alta mar y acumularon más de 8,3 millones de horas de actividad.
El análisis plantea que, mientras la contaminación local suele resolverse con regulaciones y tecnología, los daños globales enfrentan el problema de los “polizones”, ya que ningún país quiere asumir los costos de una transición cuyos beneficios se distribuyen globalmente. A ello se suma un tipo de daño menos debatido: el deterioro del equilibrio de los ecosistemas y la vida silvestre, cuyas consecuencias son menos visibles en el presente pero potencialmente irreversibles para las futuras generaciones.
Pesca ilegal y métodos destructivos
China redujo la sobrepesca en sus aguas interiores por razones ecológicas y económicas. Sin embargo, el informe señala que fuera de su territorio sus embarcaciones operan masivamente tanto en aguas internacionales como en zonas económicas exclusivas de países en desarrollo.
Una investigación del Outlaw Ocean Project indicó que 357 de 751 buques calamareros chinos analizados estuvieron vinculados a violaciones ambientales o de derechos humanos. Más de 100 de ellos pescaron ilegalmente, capturando especies protegidas, utilizando métodos prohibidos, operando sin licencias o abandonando capturas en el mar. Entre las prácticas para eludir controles se mencionan la desactivación de transpondedores, la falsificación de registros y el uso de empresas pantalla extranjeras.
Muchas naciones de América Latina y África, según el informe, no cuentan con los recursos suficientes para hacer cumplir sus leyes marítimas frente a flotas extranjeras con mayor capacidad técnica y financiera.
El documento advierte que el problema no solo afecta a pescadores artesanales, sino que también genera un daño severo a la biodiversidad marina y compromete la pesca sostenible a escala global. “El mundo está capturando demasiados peces”, sostiene Smith, al señalar que el ritmo de explotación supera la capacidad de renovación de numerosas especies.
Entre las técnicas cuestionadas se encuentra la pesca de arrastre de fondo, práctica casi abandonada por Estados Unidos y Japón, que destruye fondos oceánicos y mata organismos no objetivo. Según el análisis, su continuidad depende de subsidios y exenciones fiscales sobre el combustible.
Dimensión estratégica y política
El informe también aborda la dimensión geopolítica. Aunque China ha comenzado a recortar algunos subsidios, los cambios han sido limitados en relación con la actividad en aguas internacionales. Según Huang Jing, exdirector del Lee Kuan Yew School of Public Policy en Singapur, los pescadores chinos “actúan como personal paramilitar de facto”, proyectando poder bajo fachada civil. La presencia conjunta de pesqueros y guardacostas ha generado conflictos en regiones como Corea del Norte, México e Indonesia.
El análisis concluye que los subsidios a la flota convierten la sobrepesca en un instrumento de política exterior, con graves consecuencias ambientales.
Entre las posibles soluciones, se menciona una prohibición mundial de la pesca de arrastre de fondo “sin excepciones”, lo que implicaría eliminar incentivos fiscales y energéticos. También se propone habilitar a los Estados a autorizar la incautación y venta de barcos pesqueros ilegales dentro de sus aguas, como herramienta para enfrentar la pesca predatoria cuando los recursos oficiales resultan insuficientes.