El cierre del estrecho de Ormuz ha provocado una crisis en los precios de la energía y la Unión Europea busca fórmulas para evitar caer en una recesión y un aumento de la inflación. En este escenario, un grupo de países, entre los que se encuentran España, Portugal, Alemania, Italia y Austria, han solicitado a la Comisión Europea la aplicación de un impuesto sobre el beneficio extraordinario de las empresas energéticas.

El ministro español, Carlos Cuerpo, recordó la denominada “contribución de solidaridad” creada durante la crisis energética tras el inicio de la guerra en Ucrania en 2022. Aquella medida obligó a las compañías del sector a ceder parte de sus ganancias extraordinarias para aliviar la carga sobre los consumidores y contribuyentes. Los ministros de la Unión Europea apuntaron que una solución conjunta es una señal clara de unidad ante la ciudadanía y la economía.

Diversidad de respuestas nacionales

Hasta el momento, las capitales han impulsado diferentes soluciones para paliar las consecuencias económicas. Los gobiernos de Madrid, Varsovia y Roma optaron por aprobar decretos con rebajas fiscales en el IVA de los carburantes. Por su parte, Alemania planteó imponer horarios a las estaciones de servicio para aplicar las subidas de precios, mientras que en Francia la empresa Total Energies impuso un tope al precio de la gasolina y el diésel hasta finales de marzo.

Otras naciones tomaron medidas más drásticas. Eslovenia prohibió a los conductores repostar más de 50 litros de carburante diarios para evitar el denominado turismo del combustible. En contraste, Eslovaquia ha pedido a la Unión Europea suspender las sanciones al petróleo y gas rusos para reanudar el diálogo con Moscú.

Impacto económico y reservas de emergencia

Aunque la contribución de Qatar al suministro total de gas en el bloque es limitada —representa un cuatro por ciento de las importaciones—, el bloqueo en Ormuz impacta directamente sobre los precios globales. Según el think tank Bruegel, una subida sostenida podría disparar la factura energética de los estados miembros hasta los 100.000 millones de euros en los próximos 12 meses.

Ante esta situación, se acordó la liberación de más de 400 millones de barriles de reservas de petróleo de emergencia, una acción coordinada por la Agencia Internacional de Energía que representa la mayor movilización en la historia del bloque.

Sin embargo, no hay consenso total. Francia pide prudencia por temor a desencadenar una nueva crisis y por su limitado margen de maniobra fiscal. Expertos advierten que un gravamen a los beneficios extraordinarios podría desincentivar la inversión en energías limpias. En la misma línea, el comisario de Energía, Dan Jorgensen, pidió evitar medidas que puedan aumentar el consumo de combustible o provocar distensiones en el mercado único.

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