La Sala I de la Cámara Federal resolvió este viernes que la causa por la mansión de más de diez hectáreas en Pilar, atribuida al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, deje de tramitar en el juzgado de Daniel Rafecas y pase al Juzgado Penal Económico Nº 10, a cargo de Marcelo Aguinsky.

El cambio de magistrado implica que Rafecas deberá remitir el expediente en las próximas horas para que Aguinsky continúe con las medidas pendientes. Hasta entonces, Rafecas había dispuesto dos acciones clave: el embargo preventivo de la finca y la inmovilización de todos los vehículos y bienes muebles hallados en la propiedad, ante la presunción de posible lavado de activos, conforme al artículo 305 del Código Penal. También ordenó levantar el secreto fiscal de Wicca S.A.S., la anterior propietaria de la mansión del country Ayres.

A pesar del cambio de juez, los allanamientos continúan. En Villa Rosa, los peritos de la Policía Federal secuestraron 54 vehículos para su tasación: 45 autos de lujo, siete motos de alta cilindrada y dos kartings. El objetivo es determinar si el origen patrimonial de estos bienes es compatible con la actividad económica de las sociedades vinculadas a la causa.

Horas antes, se realizó otro procedimiento en un complejo de cocheras de la Ciudad de Buenos Aires, donde se buscaban 59 autos de alta gama registrados a nombre de Real Central SRL, una de las firmas señaladas por la Coalición Cívica como presunta pantalla vinculada a dirigentes de la AFA.

Según la denuncia presentada por el equipo de Elisa Carrió, la sociedad adquirió la estancia de Villa Rosa —compuesta por más de 105.000 metros cuadrados, con autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre, pista de entrenamiento, helipuerto e instalaciones deportivas— y estaría vinculada a personas del entorno de Toviggino. Documentación incluida en la causa indica que la propiedad fue comprada por Carlos Tévez en 2017 y luego vendida a Malte SRL en junio de 2023.

El avance judicial sobre estas sociedades se aceleró esta semana cuando Rafecas prohibió la salida del país de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, integrantes de Real Central SRL, tras recibir un informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que detalló la actividad económica, patrimonio y movimientos financieros de la empresa.

Con el expediente ahora bajo la supervisión del juez Marcelo Aguinsky, el foco de la investigación sigue centrado en determinar la existencia de testaferros y posibles operaciones de lavado vinculadas a inmuebles y vehículos de alto valor. Mientras tanto, los allanamientos y la valuación del patrimonio secuestrado continúan, constituyendo una pieza central para definir si los bienes coinciden con la capacidad económica de los implicados.

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