El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, declaró este jueves a las 11 ante la Justicia en el marco de la causa que investiga la presunta retención indebida de aportes. La denuncia fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y, con esta presentación, el juez en lo penal económico Diego Amarante dio por clausurada la ronda de indagatorias dispuesta para la cúpula dirigencial.

Bajo un fuerte operativo de seguridad en los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950, la jornada repitió el escenario vivido este miércoles con la comparecencia del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. El proceso comenzó el viernes pasado con la presentación del director general de la institución, Gustavo Lorenzo, quien entregó un escrito y se negó a contestar preguntas. Esa misma estrategia fue adoptada el lunes por el exsecretario general Víctor Blanco y su sucesor, Cristian Malaspina.

La defensa de Tapia, encabezada por el abogado Luis Fernando Charró, logró postergar la audiencia una semana tras asumir el cargo recientemente. El expediente judicial analiza la falta de pago de impuestos retenidos durante los años 2024 y 2025, con una deuda original que alcanzó los $ 19.350 millones. El monto incluyó obligaciones vinculadas al impuesto al valor agregado, el impuesto a las ganancias y aportes de la seguridad social.

La postura de la entidad

Desde la AFA informaron que la entidad ya regularizó su situación impositiva mediante pagos en efectivo y la suscripción de planes de pago por el saldo restante. No obstante, los dirigentes calificaron el proceso como una persecución política y argumentaron que son la única asociación civil sin fines de lucro denunciada bajo estas condiciones. La estrategia legal se apoyó en normativas del Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, las cuales impedirían ejecutar deudas fiscales a entidades de bien público.

A pesar de los planteos de nulidad interpuestos por las defensas, el juez Amarante rechazó los cuestionamientos y ratificó que la indagatoria es el acto de defensa material por excelencia para conocer la acusación. En este sentido, el fiscal Claudio Navas Rial, en representación del Ministerio Público Fiscal, respaldó la decisión del magistrado al considerar que el llamado a declarar no generó un perjuicio real para los implicados.

Tras la audiencia de este jueves, el magistrado dispuso de un plazo de diez días para definir la situación procesal de los directivos. En paralelo, los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos evaluaron la prohibición para salir del país que rige sobre los acusados. Finalmente, el tribunal de alzada fijó para el próximo 18 de marzo un debate oral decisivo para analizar el pedido de cierre de la investigación por inexistencia de delito.

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