Agostina Páez, la argentina retenida en Brasil en el marco de una causa por injurias raciales, fue detenida este viernes en la ciudad de Río de Janeiro. El arresto se produjo 48 horas después de que el Ministerio Público Fiscal solicitara su prisión preventiva, a pesar de que la mujer se encontraba aislada en un departamento y bajo vigilancia con tobillera electrónica.

Según confirmó su abogado a Infobae, Páez, de 29 años, fue detenida cerca del mediodía y trasladada a una comisaría de la ciudad. Horas antes, la Justicia brasileña había rechazado el habeas corpus presentado por su defensa, en el que solicitaba autorización para regresar a la Argentina y continuar el proceso judicial desde su país.

La imputación es por el delito de injuria racial, figura que en la legislación brasileña está equiparada al racismo y contempla penas de dos a cinco años de prisión, sin posibilidad de excarcelación bajo fianza. Desde el 14 de enero, la joven tiene prohibido salir de Brasil: primero le retuvieron el pasaporte, luego fue obligada a colocarse una tobillera electrónica y, aunque su documento nacional fue devuelto, la restricción de egreso del país sigue vigente.

El expediente quedó a cargo del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro, quien deberá definir los próximos pasos del proceso.

La situación personal de Páez se agravó en los últimos días luego de que tres personas ingresaran al departamento donde se alojaba, lo que motivó su mudanza por razones de seguridad. Su familia expresó una profunda preocupación por su estado anímico y evalúa viajar a Brasil para acompañarla, en medio de amenazas y un clima de creciente tensión. “La pobre está aterrada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo recién”, relató su padre, Mariano Páez.

La Embajada de la República Argentina en Brasil le ofreció asistencia legal, aunque aclaró que no intervendrá en el proceso judicial.

El pedido de prisión preventiva tomó por sorpresa a la joven, quien al enterarse de la solicitud llamó llorando a su abogado, Sebastián Robles. Fuentes cercanas indicaron que Páez se encontraba angustiada y preocupada por la decisión que pudiera adoptar la Justicia brasileña.

La argentina está acusada de haber realizado comentarios y gestos racistas hacia empleados de un restaurante de Río de Janeiro, donde se encontraba de vacaciones con amigas. Tras ese episodio, se le impusieron medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país y la colocación de la tobillera electrónica.

En su presentación, el Ministerio Público Fiscal argumentó que, pese a las medidas alternativas a la prisión, “dichas medidas no han demostrado ser suficientes para neutralizar el peligro procesal existente”. Desde el entorno de Páez consideran exagerado el pedido de detención y cuestionan el momento en que se decidió avanzar con esa medida.

Su defensor sostuvo que el delito imputado tiene un fuerte peso cultural en Brasil y consideró que el caso podría estar siendo utilizado como ejemplificador. “Ella se sometió al debido proceso, tiene la tobillera, no puede salir del país. Estamos en una situación donde no existen los peligros procesales”, afirmó. Y agregó que agravar la situación podría implicar una pena anticipada y una posible vulneración de derechos internacionales.

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