Según supo Agencia Noticias Argentinas, detrás del tema están la Procuración del Tesoro, que comanda Sebastián Amerio, y Julio Cordero, el secretario de Trabajo, con el total respaldo del ministerio de Capital Humano. El Ministerio de Justicia de Juan Bautista Mahiques no aparece en conversación para revertir el escenario judicial por el momento.

Por el momento, no hay definición sobre en qué fuero apelar la decisión. Podría ser el fuero laboral, pero también se habla en Casa Rosada del avance de una presentación en el fuero contencioso administrativo. “Todavía no está definido, lo estamos hablando”, le dijo a Agencia Noticias Argentinas una voz al tanto del armado de la estrategia.

El martes fue un día de reuniones en Balcarce 50 en torno a la problemática y desde el asesor Santiago Caputo hasta el propio Amerio estuvieron analizando las posibilidades. Un dirigente de la CGT dio por descontado que el oficialismo debería acudir al fuero contencioso administrativo que ya le dio una buena noticia al oficialismo hace escasas tres semanas.

Fue cuando el juez del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7, Enrique Lavié Pico desestimó la medida cautelar solicitada por la central obrera para suspender la aplicación de los artículos 90 y 91 de la ley. Estas normas establecen el inicio del proceso de transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la jurisdicción porteña.

Estrategia

Un dirigente de la calle Azopardo avisó que, pese al análisis en las filas libertarias, la gestión Javier Milei no va a correr riesgos y se inclinará por el fuero que fue contra el pedido de la CGT. También ven que la interna entre Karina Milei y el asesor presidencial se está jugando en el campo de la Justicia, con Mahiques fuera de escena.

El ministro es un hombre de la secretaria general de la Presidencia, quien lo impulsó e hizo todo lo posible para que desembarque en el cargo. Pero en La Libertad Avanza reconocen que hoy no está inmiscuido en el trabajo de apelaciones.

A propósito del ecosistema gremial, vale destacar que, además de celebrar el fallo del lunes, muchos dirigentes recuerdan que el viernes el Juzgado Federal 2 de San Martín dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de los artículos 131 y 133 de la normativa a raíz de una presentación de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys).

El fallo ordena al Estado Nacional abstenerse de aplicar las modificaciones que limitaban la ultraactividad de los convenios y establecían nuevos topes a los aportes sindicales. De esta manera, la justicia asegura la continuidad de todas las cláusulas convencionales y establece que las empresas deben mantener la retención y el depósito de las contribuciones solidarias pactadas, fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones gremiales. NA

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