El Gobierno instrumentó la línea 134 para denunciar a intermediarios de los planes
El Gobierno puso a disposición de beneficiarios la línea 134 para “denunciar a intermediarios” de organizaciones que amenacen o intenten ejercer coerción sobre ellos a cambio de que concurran a marchas.

En su habitual conferencia de prensa y en vísperas de una movilización que promete ser masiva, el vocero presidencial Manuel Adorni expresó: “A los que reciben un plan o beneficios no solo no se les va a pedir los requerimientos que hasta entonces se pedían, donde el intermediario aprovechaba para hacer negocios con cada uno de ustedes, sino que estará abierta la línea 134 para todo aquel que se sienta amenazado por algún intermediario”.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailLa línea apuntará a que un equipo técnico recoja denuncias contra dirigentes, punteros políticos o quienes “amenacen” a los beneficiarios con la quita del plan en caso de no contabilizar su asistencia en protestas callejeras.
“No les crean y llamen a la línea 134, que tenemos un equipo preparado para cada uno de los casos y actuar en consecuencia”, remarcó el vocero presidencial, y agregó: “No se les va a cortar el plan”.
En la misma línea, pidió: “Quédense en sus casas y si van a marchar, que es un derecho constitucional, háganlo como marca la ley y respetemos el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich”, en referencia a los lineamientos contra los piquetes que anunció días atrás la ministra.
“Los argentinos venimos de una lógica de 20 años de habernos acostumbrados a que las calles no eran nuestras, de los que queríamos circular libremente, de los que íbamos a trabajar o de los que queríamos pasear sin que el tránsito se interrumpa o sin que se nos impida el paso y es difícil desacostumbrarnos a esta lógica”, aseveró.
“La libre circulación debe estar garantizada”, insistió Adorni, en tanto alertó que quien obstruya el tránsito o se identifique en alguna movilización que de pie a un caos en las calles dejará de percibir su plan social.
“La Argentina tiene que encaminarse a acostumbrarse a una normalidad tan simple como el del estricto cumplimiento de la ley”, subrayó.
Por su parte, aunque evitó dar precisiones respecto a la aplicación del protocolo de orden público anunciado por la ministra de Seguridad, Bullrich, el vocero planteó que el derecho “no se cercena ni para el que quiera circular ni para el que quiera manifestarse”.
Provincia no aplicará el protocolo antipiquete
El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, descartó que vayan a aplicar el protocolo antipiquete anunciado la semana pasada por la titular de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
“A nosotros no nos han solicitado que apliquemos el protocolo. No vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones de ese protocolo, que entre otras cosas creo que criminalizan la protesta”, indicó.
Bianco consideró que la movilización “obviamente que tiene que ser con cierto orden” pero criticó el protocolo anunciado por la ministra de Seguridad: “Me parece que lo que se ha hecho sobrepasa un límite que hemos tenido durante todos estos años de democracia, cuestiones de reconocimiento facial, que hay que ver si están validadas en el marco de la normativa legal. Son cosas que habrá que analizar”.
Pedido de inconstitucionalidad
El Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) pidió la inconstitucionalidad del protocolo anti piquete diseñado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La presentación recayó ante la jueza María Servini que por incompetente giró la cautelar al fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.
En el pedido, cuestionan que viola ciertos derechos consagrados en la Constitución Nacional y por eso reclaman la medida cautelar que suspenda aplicación del protocolo 943 año donde se oficializó el nuevo diseño para evitar los piquetes y al Poder Ejecutivo aplicar en la calle lo que allí se prevé con esta nueva política del gobierno de Javier Milei.
Según señalan, se lesiona con el protocolo la libertad de expresión, asociación y reunión, así como el derecho de protesta y peticionar a las autoridades. NA