El Gobierno nacional rechazó el reclamo administrativo por “impropio” que presentó la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica de Vehículos de Autotransporte Interjurisdiccional (Catrai), que buscaba poner un freno a los cambios introducidos el año pasado con el objetivo de flexibilizar la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

La decisión se formalizó a través del decreto presidencial 139/26, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La medida también alcanza a las presentaciones de adhesión que efectuaron diversas personas físicas, empresas del sector y entidades vinculadas a la actividad de revisión técnica. Con el dictado de este acto, se informó que queda agotada la vía administrativa y se habilitó la instancia judicial.

La resolución oficial respondió al reclamo que las empresas prestadoras del servicio presentaron contra el Decreto 196/25, mediante el cual la administración nacional modificó el régimen e introdujo diversas variaciones en la Ley de Tránsito. En concreto, se cuestionaron los artículos 12 y 13, que alteraron el funcionamiento de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO).

Entre los puntos centrales de la reforma se destacaron la modificación en la periodicidad de las revisiones, el nuevo sistema de habilitación de talleres, la eliminación de la exclusividad de los operadores y la supresión del Informe de Configuración de Modelo (ICM) para vehículos que sufrieron modificaciones.

Desde Catrai sostuvieron que la ampliación de los plazos de revisión carecería de respaldo técnico y podría incrementar los riesgos de seguridad vial. El nuevo esquema estableció una vigencia de cinco años para vehículos cero kilómetro y revisiones bianuales para unidades de hasta diez años de antigüedad. Asimismo, la entidad cuestionó la posibilidad de que concesionarias e importadores participen en el sistema, al considerar que esto afectaría la imparcialidad del control.

El respaldo técnico

Pese a las quejas del sector, los organismos técnicos intervinientes, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, respaldaron las modificaciones. Según indicaron en sus informes, los cambios se fundamentaron en la evolución tecnológica del parque automotor, que actualmente presenta mayores estándares de seguridad y durabilidad.

El decreto determinó que la verificación se podrá realizar en talleres y concesionarias de cualquier jurisdicción, siempre que cuenten con “instalaciones aptas y equipamiento adecuado”. Cabe señalar que la provincia de Buenos Aires no adhirió a esta normativa nacional el año pasado, por lo que resta definir qué postura tomará el Gobierno bonaerense ante este nuevo escenario, mientras se analizan proyectos para modificar el sistema en el territorio provincial.

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