El Gobierno nacional oficializó este jueves el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la privatización de Intercargo S.A.U., la empresa estatal que presta servicios de rampa en 16 aeropuertos de todo el país. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 282/2026, establece un precio base para las ofertas de US$45.120.000.

La venta total del paquete accionario comprende la transferencia de 3.050.000 acciones ordinarias, representativas de la totalidad del capital social de la firma. Según el documento oficial, la iniciativa se enmarca en la Ley 27.742 (Ley Bases) y busca transferir el 100% de la titularidad del Estado al sector privado, sin reserva de participación estatal ni programas de propiedad participada para los empleados.

El proceso licitatorio se llevará a cabo bajo un mecanismo de "Etapa Múltiple" a través de la plataforma CONTRAT.AR, con el objetivo de garantizar la transparencia y atraer a operadores con experiencia probada en el rubro aeroportuario. El valor inicial de la compañía fue determinado por una tasación previa realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE S.A.).

Requisitos y continuidad del servicio

Para asegurar la sostenibilidad de la operación, el pliego impone exigencias estrictas de solvencia y liquidez que los interesados deberán acreditar mediante sus estados contables al 31 de diciembre de 2025. Asimismo, el Gobierno busca evitar la integración vertical, por lo que existen restricciones para aquellos oferentes que ya posean el control de concesiones aeroportuarias o sean titulares de certificados de explotador de trabajo aéreo en el territorio nacional.

Con el fin de proteger la conectividad aérea, se estableció una cláusula de "Período de Transición". El nuevo propietario tendrá la obligación de garantizar la prestación del servicio en las 16 escalas actuales por un plazo mínimo de 180 días hábiles tras el perfeccionamiento del contrato. En caso de decidir el retiro de algún aeropuerto, deberá notificarlo fehacientemente con 60 días de antelación a la Secretaría de Transporte y a la ANAC.

La ejecución de la venta será supervisada por la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, junto con la Secretaría de Transporte. Además, se creó una comisión evaluadora integrada por especialistas técnicos para analizar las propuestas económicas y los antecedentes de los oferentes. El llamado también será publicado en el portal DGMARKET del Banco Mundial para captar el interés de operadores logísticos globales.

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