En el marco del conflicto que mantuvieron los trabajadores con la empresa Fate por el cierre de su planta en San Fernando, el presidente de la firma, Javier Madanes Quintanilla, advirtió que no se podían garantizar las condiciones de seguridad radiológica y física exigidas para el funcionamiento de un acelerador lineal de electrones. El directivo fundamentó su postura al señalar que la fábrica se encontraba “usurpada” por los operarios.

La advertencia fue presentada a través de una carta que Madanes Quintanilla envió a la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN). En el documento, explicó que en las instalaciones se encuentra “un equipo acelerador lineal de electrones de 500 KeV - 100mA para uso industrial” y alertó por el potencial riesgo de su uso al no tener acceso al predio, el cual permanece tomado por los trabajadores despedidos desde el 18 de febrero.

Si bien el presidente de Fate reconoció que, como licenciatarios, son responsables de “la seguridad radiológica y física” y del “uso de los materiales radiactivos y radiaciones ionizantes autorizados”, aseguró que esto no sería posible porque la “planta industrial se encuentra usurpada”.

“Ponemos en vuestro conocimiento que no podemos garantizar las condiciones de seguridad ni la diligencia debida necesaria e impuesta por el régimen aplicable con relación al equipo cuya licencia nos ha sido otorgada”, indicaron.

En el escrito, el empresario agregó que, entre sus responsabilidades, también recaía la tarea de contar con un ambiente apropiado y personal idóneo para ejecutar el acelerador. La misiva de la compañía a la Autoridad Regulatoria Nuclear llega después de que la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro fallara en contra del desalojo de los trabajadores y representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), quienes mantienen ocupada la fábrica.

La decisión judicial representó un respaldo al ejercicio del derecho a huelga. No obstante, este no fue el único revés que sufrió la productora de neumáticos en las últimas horas, ya que el Gobierno nacional confirmó que serían multados por no haber pagado los sueldos durante la etapa de conciliación obligatoria.

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