En medio de la conciliación obligatoria dictada por la Provincia ante el conflicto por el cierre de FATE, los trabajadores de la fábrica volverán a movilizarse esta semana a la Legislatura bonaerense. El objetivo es impulsar el avance de una ley de “ocupación temporal” de la planta, cuya actividad cesó hace un mes.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (Sutna), que ya se había manifestado el jueves pasado en La Plata, buscará concretar nuevas reuniones con legisladores. La intención es que el cuerpo trate la normativa de ocupación temporánea del establecimiento para impedir el desguace de la única empresa con capacidad para producir neumáticos de carga en el país.

El proyecto de ley propone declarar la fábrica de “utilidad pública”. Con esta medida, los operarios pretenden preservar la producción de cubiertas para camiones y colectivos, evitando la desaparición de una industria estratégica. Al respecto, el titular del gremio, Alejandro Crespo, señaló en diálogo con Agencia DIB:

“Traemos un proyecto de ley que es parte de las soluciones que estamos colocando sobre la mesa para salir de una situación muy grave que es perder en el país la producción de neumáticos tanto para lo que es camión como colectivo y a la vez generar un caos social sacando a miles de familias a la calle”

Durante la semana pasada, los delegados mantuvieron encuentros con diputados de los bloques de Unión por la Patria, UCR, el FIT y la Coalición Cívica, mientras que los representantes de La Libertad Avanza no participaron de las reuniones. Los legisladores se comprometieron a analizar la propuesta y recibir nuevamente a los trabajadores el miércoles 25. Asimismo, el gremio planea reunirse con el bloque de senadores de Unión por la Patria.

Detalles del conflicto

El conflicto se originó el pasado 18 de febrero de 2026, cuando la firma anunció el cierre definitivo de su única planta, fundamentando la decisión en la caída de ventas y la apertura de importaciones. Desde el inicio, el gremio denunció un lockout patronal, asegurando que los operarios encontraron las puertas cerradas con cadenas al intentar ingresar a sus puestos.

La tensión se incrementó en las semanas posteriores debido a la falta de pago de salarios durante la conciliación, lo que derivó en sumarios y multas aplicadas por el Gobierno nacional a través de la Secretaría de Trabajo. A pesar de los 920 despidos informados inicialmente, se estima que más de la mitad de los trabajadores ya aceptaron acuerdos de desvinculación con la empresa.

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