Tal se detalló en esta Sección, se anticipaba una escalada del grupo inversor Miradores de Montecristo ya no solo para con los funcionarios judiciales, también con las autoridades políticas. Tras la rimbombante denuncia penal contra el intendente Miguel Lunghi y compañía, sobre la cual se aguarda la ponderación que el fiscal Ignacio Calonje (el mismo al que le recayó la denuncia contra el juez José Zárate) haga del tenor de la acusación y defina si cabe abrir una investigación o no.

En paralelo, el derrotero de la embestida no se detuvo. Según se confió desde el Concejo Deliberante, presidencia recibió una presentación de los demandantes solicitándoles a los ediles que propicien la interpelación a los funcionarios del Ejecutivo acusados para que evalúen y resuelvan si resultan merecedores de sanciones institucionales por el accionar que los privados plantean como irregulares.

La presentación ya estaría en manos de los respectivos bloques de un Concejo cuya conformación se concibe atomizada y en la cual el oficialismo ya dejó de contar con mayoría hace rato, de ahí la incertidumbre sobre el devenir de dicha solicitud formal.