Finalmente ayer se realizó la audiencia prevista entre el fiscal general Marcelo Sobrino y la familia de Sebastián Simón, el joven atropellado en La Movediza por el exfuncionario Luciano Jaureguiber. La reunión se programó luego de que los deudos declinaran la invitación de José Ignacio Calonje, el fiscal a cargo de la investigación, quien igualmente ayer estuvo presente, en un claro respaldo de la fiscalía general.

Tal se había anticipado, los actores judiciales habían puesto como condición que la dirigente Griselda Altamirano no forme parte del encuentro, instancia que efectivamente se cumplió. No obstante lo cual, la activista junto a su agrupación se movilizaron a la vecina ciudad y aguardaron fuera del cónclave, reiterando sus consignas que versan sobre sus críticas al accionar judicial y su supuesta complicidad con el poder político serrano.

Tal rezó la convocatoria de la Fiscalía General a cargo de Sobrino, la audiencia se reportó a las 11.30 en los términos solicitados a los padres del joven fallecido –Marcelino Simón y Haydée Páez- y a una de sus hermanas, Lucía, con la asistencia técnica de uno de sus letrados particulares, Marcelo Argeri. Al respecto, el fiscal había aclarado que el encuentro sería exclusivamente de carácter técnico-jurídico.

Cabe consignar que la familia Simón pidió la remoción de Calonje por considerar que la investigación corre riesgo bajo su órbita -no sólo la del homicidio sino también la del encubrimiento-, y solicitaron que se revise su accionar y desempeño. La petición, al decir de los participantes de la reunión de ayer, con el propio fiscal cuestionado presente, quedaría desestimada. De hecho, Calonje y la familia mantuvieron luego una charla en la cual se habrían disipado las dudas o desconfianzas que los deudos tenían para con el accionar del funcionario.  

Como se informó, la causa quedó en manos de la fiscalía especializada de Calonje luego del tinte institucional que cobró el caso a partir de la intervención  de algunos funcionarios municipales, tal como consta en el expediente. De este modo, pidieron que se designe un nuevo fiscal de otra jurisdicción “para garantizar objetividad y seriedad a los hechos investigados”. 

La reunión

De lo que trascendió de la reunión entre la familia y los funcionarios judiciales, Sobrino llevó adelante la entrevista, explicando los pormenores de la instrucción penal y los pasos procesales que se fueron dando, no sin dejar de destacar la celeridad que tuvo esta causa en particular. 

De hecho, aprovechando la presencia del doctor Marcelo Argeri como particular damnificado se lo invitó a recordar qué otra causa, otro caso, conocía que en un delito como el que se habla (homicidio culposo) tuvo el ritmo que lleva esta instrucción, a poco de elevarse a juicio. Sobre lo que el abogado particular habría asentido respecto al avance de la pesquisa. 

También el fiscal general explicó por qué no se pidió nuevamente la detención del exfuncionario acusado, insistiendo que tal lo había dejado expresamente asentado la jueza de Garantías Stella Maris Aracil en su fallo, correspondía agotar todas las instancias de apelación, en este caso, Casación, donde deberá denegar o habilitar el recurso de queja presentado por la defensa de Jaureguiber. 

Al decir de la percepción de los actores judiciales, la familia Simón escuchó con mucho respeto, se sacó sus dudas y se habría ido del encuentro con relativa conformidad, no obstante lo cual no se condijo con lo que luego se escuchó una vez afuera, al menos de parte de Altamirano. 

Se viene el desalojo

En paralelo a la causa “madre” que persigue esclarecer la responsabilidad penal del aquí acusado por la muerte de Sebastián  Simón, se multiplicaron las causas sobre el accionar de Griselda Altamirano y su agrupación Primero de Octubre. 

Una de las instrucciones versa sobre la denuncia que realizaron las autoridades comunales sobre la ocupación de la explanada del edificio comunal en el marco de la protesta que llevan adelante con el acampe (también en la Plaza Independencia). 

Más precisamente el Gobierno denunció la usurpación del espacio público, que, al decir de la presentación, el emplazamiento de protesta interrumpe la libre circulación e ingreso al Municipio, como así también perturbó el avance de la obra que el lunghismo pergeñó para dicho lugar, acerca de una nueva vereda que rodea al edificio declarado patrimonio. 

En ese contexto, trascendió que fracasó la instancia de mediación judicial que se había montado entre los protagonistas, léase representantes de la agrupación y funcionarios municipales. Más precisamente Altamirano ni ningún referente del Movimiento acudió a la cita, dejando sentado su rechazo a cualquier intento de negociación que canalice una salida a la manifestación denunciada. 

Así las cosas, se desprende que el mismo fiscal que interviene en la causa por el homicidio culposo y sobre quien pesa los reparos y acusaciones de los manifestantes, deberá presentar en las próximas horas el pedido de desalojo compulsivo ante el Juzgado de Garantías, quedando en manos del magistrado interviniente hacer efectiva la medida o ensayar una nueva instancia de negociación para evitar un escenario complejo, sobre el cual, salvando las distancias y las dimensiones, Altamirano y compañía supieron protagonizar, acerca de la toma de lotes en Villa Cordobita y desalojo compulsivo que derivó en un juicio y condena para ella y su pareja Jorge Lezica.