El senador bonaerense, Marcelo “Chuby” Leguizamón, presentó un proyecto de ley que propone crear un Régimen Provincial de Obra Escolar con el objetivo de ordenar, planificar y transparentar los trabajos de infraestructura en los establecimientos educativos estatales de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo al texto de Leguizamón, el sistema educativo bonaerense, el más grande del país, requiere una normativa específica que permita superar la histórica fragmentación en la planificación y ejecución de obras, que trae “desigualdades entre los 135 distritos que integran la provincia de Buenos Aires, demoras prolongadas y dificultades para garantizar transparencia”.

En ese marco, el proyecto del legislador platense establece que la Dirección General de Cultura y Educación, a través de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, sea la autoridad de aplicación para coordinar diagnósticos, priorizar intervenciones y articular las obras con los Consejos Escolares, municipios y otros organismos provinciales.

En tanto, el Régimen Provincial de Obra Escolar propuesto por Leguizamón contempla diversas categorías de trabajo, como obras nuevas, ampliaciones y remodelaciones mayores, reparaciones integrales, trabajos de emergencia vinculados a riesgos eléctricos, hidráulicos, de gas y sanitarios, intervenciones de accesibilidad y adecuaciones tecnológicas o energéticas.

Asimismo, uno de los ejes centrales es la creación del Plan Provincial de Infraestructura Escolar (PPIE), un instrumento plurianual destinado a diseñar y programar obras educativas sobre la base de diagnósticos edilicios actualizados por distrito y nivel, que deberá incluir un listado priorizado de intervenciones, la proyección del financiamiento disponible, indicadores de seguimiento y evaluación, protocolos de riesgo y un mapa georreferenciado de los establecimientos educativos bonaerenses.

De esa manera, el proyecto del senador de La Plata exige que toda la información vinculada al PPIE sea publicada en un sitio web específico, con una actualización trimestral que permita conocer el estado de cada obra, los plazos de ejecución, las empresas contratistas, los montos involucrados, las fuentes de financiamiento y los informes técnicos y auditorías.

Además, la iniciativa incorpora la creación del Registro Provincial de Obras Escolares, un sistema público y digital que reunirá el historial técnico de cada intervención realizada en los establecimientos educativos, donde deberán consignarse aspectos como la memoria técnica, los planos, las certificaciones, los responsables técnicos, los montos invertidos, las auditorías y las actas de recepción, así como el registro de todas las intervenciones sucesivas en un mismo edificio.

En relación con el trabajo territorial, el proyecto de Leguizamón reconoce el rol de los Consejos Escolares y de los municipios, asignándoles competencias en la detección de necesidades, el relevamiento inicial y la supervisión local de obras, además de habilitar la posibilidad de delegar en ellos trabajos menores de mantenimiento con transferencia de fondos y mecanismos de rendición establecidos por reglamentación.

Para garantizar la continuidad de las inversiones, la propuesta de Leguizamón crea el Fondo Provincial de Obra Escolar, destinado exclusivamente al financiamiento de infraestructura educativa y compuesto por partidas del presupuesto provincial, fondos nacionales, aportes del Fondo Educativo Municipal, créditos de organismos multilaterales y donaciones autorizadas por ley. Según el articulado, este esquema busca evitar que las obras dependan únicamente de decisiones coyunturales o administrativas.

El proyecto también establece un sistema de control y auditoría técnica, contable y financiera que estará a cargo del Ministerio de Infraestructura, el Tribunal de Cuentas y la Auditoría General de la Provincia. En paralelo, fija responsabilidades civiles, penales y administrativas para funcionarios y responsables técnicos que incurran en incumplimientos, negligencias o falseamiento de documentación, además de exigir que cada obra finalice con un Acta de Habitabilidad Escolar certificada por profesionales competentes.

En materia de participación ciudadana, el Régimen Provincial de Obra Escolar prevé la conformación de Mesas Distritales de Infraestructura, integradas por directivos, docentes, familias, estudiantes, Consejos Escolares y municipios, con la función de monitorear avances y canalizar reclamos. A su vez, dispone la creación de una plataforma digital unificada para recibir denuncias y permitir el seguimiento online de cada obra en curso.

Cabe mencionar que, los fundamentos del proyecto destacan que la infraestructura escolar es una condición indispensable para el derecho a la educación y para la calidad de los procesos de enseñanza, y sostienen que la ausencia de una política integral ha favorecido prácticas discrecionales, desigualdades territoriales y una débil estandarización de prioridades. Por ello, la iniciativa busca instaurar un régimen moderno, transparente y participativo que permita que todas las escuelas de la provincia cuenten con condiciones edilicias dignas, seguras y acordes a las exigencias pedagógicas actuales.

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