El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense aprobó un nuevo anexo al convenio suscripto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para avanzar en el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) del servicio público de distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción provincial. La medida formalizó el Anexo III del acuerdo celebrado con el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare), organismo que brindó servicios de consultoría para el desarrollo técnico y económico de la revisión que comenzó en 2024.

En este caso, el documento estableció en detalle las fases, contenidos, hitos y porcentajes de pago correspondientes a la Etapa 2 del proceso. La RTI fue iniciada por la Provincia mediante la Resolución N° 1133/2024 y contempló distintas instancias de análisis técnico, económico, tarifario y jurídico del sistema de distribución eléctrica provincial. El objetivo central consistió en conocer en detalle los costos de la prestación de las cuatro compañías de energía: Edelap, EDES, EDEA y EDEN.

Con este proceso se busca definir un plan de inversiones que garantizara un servicio eléctrico de calidad, actualizara la infraestructura según la demanda actual y reafirmara el rol activo del Estado provincial en el control de las empresas. Según informaron desde la Provincia, otra de las metas que persiguió la revisión fue mejorar los parámetros de calidad del servicio y, al mismo tiempo, garantizar a los usuarios tarifas asequibles y geográficamente homogéneas.

De acuerdo con lo previsto en el acuerdo, la Etapa 1 se vincula a la valuación física de los activos de las distribuidoras y a la recopilación de información técnica. En tanto, la Etapa 2 comprende el análisis económico y regulatorio, incluyendo la valorización de la base de capital, la determinación del requerimiento de ingresos de cada distribuidora, la definición del plan de inversiones obligatorio y la propuesta de estructura tarifaria.

Según la documentación oficial, esta etapa resultó fundamental para todo el proceso porque culminará en un informe final en el cual el Ceare sugerirá un nuevo cuadro tarifario a aplicar. El cronograma contuvo numerosas tareas específicas subdivididas en distintas fases y un plazo total de 15 meses para llegar hasta las conclusiones. La resolución también estableció que los pagos vinculados a la consultoría serán gestionados por la Subsecretaría de Energía, una vez verificado el cumplimiento de los hitos establecidos.

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