La decisión de no iniciar las clases el próximo lunes no fue una medida aislada, sino el resultado de un consenso democrático alcanzado en el congreso nacional de la Ctera. Estela Sinopoli, secretaria general de Suteba Tandil, brindó precisiones sobre el complejo escenario que enfrentan los trabajadores de la educación en la provincia de Buenos Aires y en todo el país.

La dirigente gremial expuso los fundamentos de la medida de fuerza en una entrevista concedida a La Mañana, programa que se emite por El Eco Streaming, Eco TV y Tandil FM 104.1. Durante la charla, sostuvo que el reclamo principal radica en la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, un componente que conforma entre el 10 y el 15 por ciento del salario de los maestros en las diferentes provincias.

Para la referente local, este recorte salarial es "totalmente injusto, arbitrario e ilegal", dado que se encuentra amparado por la Ley de Financiamiento Educativo. Asimismo, exigió la reapertura de la paritaria nacional docente, la cual fue derogada a fines del año pasado. Sin este "piso" salarial determinado a nivel federal, Sinopoli consideró que se vuelve "muy difícil" discutir acuerdos con el Gobierno provincial.

El impacto del ajuste en las aulas bonaerenses

La secretaria general de Suteba Tandil fue categórica al desvincular la responsabilidad directa del gobernador respecto a la actual crisis salarial, aunque aclaró que mantienen las exigencias a la administración provincial. "Hasta que no podamos resolver el problema a nivel nacional y la derivación de los fondos que nos corresponden por derecho y por ley, se nos hace muy difícil llegar a un acuerdo en la mesa provincial", puntualizó.

Según los datos aportados por la dirigente, la Nación mantiene una deuda de 14.7 billones de pesos con la provincia de Buenos Aires. Esta cifra astronómica incluye no solo salarios, sino también partidas destinadas a salud, seguridad, infraestructura y tres billones de pesos correspondientes al IPS, el fondo que garantiza los haberes de los jubilados.

Más allá de los números técnicos, la preocupación del gremio se trasladó a la realidad cotidiana de los establecimientos educativos. Sinopoli describió a la escuela como la "primera caja de resonancia" donde se percibe la vulneración de derechos de los niños y jóvenes. "Nuestros pibes llegan con necesidades básicas cada vez más vulneradas porque comen menos veces por día o porque los adultos en sus casas se están quedando con poco trabajo", relató con preocupación.

Esta situación generó un incremento notable en la demanda de los comedores escolares y de la caja del programa MESA que la provincia envía mensualmente. Para la docente, el sector no puede ser "cómplice de que a los pibes se les caiga el futuro por una cuestión de distribución de la riqueza", remarcando que el ajuste siempre recae sobre los sectores más desprotegidos.

Educación como derecho, no como servicio

Uno de los puntos más álgidos de la entrevista fue el análisis de la reforma laboral y la posible declaración de la educación como un "servicio esencial". Sinopoli se opuso tajantemente a este concepto, argumentando que la educación es un derecho social y que transformarla en un servicio busca, en realidad, cercenar el derecho a la huelga y la capacidad de protesta de los trabajadores.

"Nos oponemos palmariamente a la reforma laboral porque creemos que es una de las leyes más crueles que uno ha podido escuchar. Es una réplica casi textual de lo que la dictadura intentó implementar", disparó la secretaria de Suteba. Bajo su óptica, considerar a los trabajadores como "objetos o animales de carga" donde el patrón decide sobre sus vidas es un retroceso inaceptable para la democracia argentina.

En ese sentido, defendió la estructura familiar de los docentes, señalando que el 80 por ciento de la planta está compuesta por mujeres, muchas de ellas jefas de hogar. Criticó la idea de extender jornadas laborales de manera arbitraria, advirtiendo que esto deteriora la red social y familiar, dejando a los hijos de los propios trabajadores en una situación de desprotección.

La vigencia del derecho a la huelga

Ante las posibles represalias o comunicaciones que circulan en algunas escuelas para desalentar la adhesión al paro, Sinopoli recordó que la Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, sigue vigente. Aseguró que cualquier docente, sin importar su situación de revista —sea titular, provisional o suplente— o su antigüedad, tiene el derecho garantizado de sumarse a la medida de fuerza.

"No se dejen amedrentar. Ningún decreto ni resolución puede anteponerse a la Carta Magna de nuestro país", enfatizó. La dirigente concluyó que la toma de posesión administrativa, para quienes debían iniciar sus tareas el lunes, se realizará al día siguiente sin perjuicio alguno, reafirmando que la lucha docente es la única herramienta para "pensar un futuro mejor y un proyecto de país soberano".

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