La secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, manifestó su profunda preocupación por la situación que atraviesa el barrio La Movediza a partir del crecimiento del asentamiento en Piccirilli al 1000. La funcionaria describió un escenario de escalada de violencia contra las autoridades y un creciente foco de delitos que afecta no solo a los ocupantes, sino a todo el entorno.

En diálogo con el programa “La Mañana” (104.1 Tandil FM, El Eco Streaming y EcoTV), Marcieri fue categórica al señalar que existe una responsabilidad política directa de los representantes de La Libertad Avanza en la ciudad para gestionar ante la Nación la revisión de la inclusión de esos terrenos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), situación que hoy impide el desalojo.

La funcionaria detalló el foco de conflictividad en crecimiento en el predio de las calles Piccirilli al 1000, el cual se fue complejizando con el paso de los meses, registrándose ataques a patrulleros y "actitudes bélicas" contra el personal de la Usina Popular y Municipal de Tandil cada vez que intentan normalizar las conexiones eléctricas. "Se ha convertido en un espacio donde hay continuos conflictos internos que son muy difíciles de prevenir. Desde fin de año hasta ahora se han dado tres allanamientos positivos en el lugar", sentenció Marcieri.

Para muestra de esto, citó la intervención que realizó la Usina durante la última semana donde diferenció que en otros barrios hay conexiones clandestinas pero en esos lugares el personal especializado realiza su tarea y se va sin inconvenientes. “Que tengan que ir con asistencia policial ya habla de que las cosas van en una escalada de violencia que llegan hasta las amenazas”, describió.

El pedido a LLA

En este contexto, Marcieri apuntó directamente contra el concejal Gonzalo Santamarina, referente local de La Libertad Avanza, al recordar que, aunque la inclusión en el Renabap fue firmada por la gestión nacional anterior en diciembre de 2023, la actual administración de Javier Milei, a través del funcionario Sebastián Pareja, ratificó esa decisión.

"A mí no me entra en la cabeza esta contradicción; enarbolan la bandera de la propiedad privada y en este caso se quedan callados", achacó. Además, pidió a los representantes locales de La Libertad Avanza que se hagan cargo de las gestiones con el Gobierno nacional para revisar jurídicamente el caso. Indicó que tienen las “herramientas para poder cambiarlo y no están haciendo nada”.

La secretaria instó al referente libertario a solicitar una audiencia ante las autoridades nacionales para plantear una revisión de la normativa que protege la ocupación. "Yo, si fuera Gonzalo Santamarina, al otro día de asumir sabiendo la problemática que está trayendo a la ciudad, pido una audiencia y digo 'por favor, revisame jurídicamente esto'", reclamó.

La postura de la funcionaria fue contundente: si el Estado nacional decide mantener el predio dentro del Renabap, debe ser la propia Nación la que se encargue de la infraestructura sociosanitaria y el loteo, asegurando que la Municipalidad de Tandil mantiene su postura firme de no invertir recursos públicos en un terreno ocupado ilegalmente.

Agregó que, desde su punto de vista, todavía se está a tiempo de lograr una revisión jurídica ya que todavía no se concretó una expropiación del terreno que fue usurpado a la familia Moauro. Por eso apeló a las responsabilidades políticas de Santamarina, elegido popularmente como concejal, para que pueda avanzar en estas gestiones con firmeza con el Gobierno nacional.

Un foco delictivo

La funcionaria advirtió que el movimiento de gente dentro del predio de Piccirilli es continuo, con ingresos y egresos de personas provenientes de distritos del conurbano como Vicente López o La Matanza, quienes fijan domicilio en el asentamiento. "Cuando los identificamos en otros hechos delictivos en la vía pública, nos encontramos con que viven ahí. Se venden y compran las casillas internamente", relató. 

Esta dinámica ha alterado la vida de los vecinos del barrio La Movediza, quienes han debido reforzar sus viviendas con rejas y cámaras de seguridad ante el temor de que la ocupación se extienda. También se profundizaron las medidas de seguridad por parte de Protección Ciudadana.

Otra situación ilegal se detectó a partir de las políticas aplicadas para el control de los desmadres generados por los motovehículos. Según destacó, a través de las investigaciones realizadas para saber dónde cargaban nafta los conductores de los rodados, detectaron un punto de venta ilegal de combustible dentro del asentamiento.

“Tenemos una foto registrada dentro de la toma de un cartel que dice ‘Se vende nafta’. Ahora con todo eso lo que voy a hacer es una presentación ante la Secretaría de Energía, que son los encargados de ver esa situación”, contó. Además añadió que ya dio aviso a Bomberos y Ecológica por el riesgo de incendio que representa para todo el barrio, no solo para las personas que viven en el asentamiento.

Finalmente, Marcieri reiteró que la solución debe ser política y jurídica, instando nuevamente a la representación local del oficialismo nacional a abandonar el "silencio" y actuar en defensa de los intereses de los tandilenses que cumplen con la ley para acceder a su vivienda. "No podemos los tandilenses hacernos cargo de urbanizar algo ilegal; el Estado municipal ha sido muy claro en que no vamos a poner un peso", concluyó.

Centinela sigue creciendo

En otro tramo de la entrevista, Alejandra Marcieri destacó la cantidad de descargas que sumó la aplicación Centinela en el comienzo del año. "Ya tenemos más de 12.000 usuarios. Hace un año y medio estábamos en 1.200", precisó, subrayando que actualmente se suman entre 200 y 300 personas por semana a la plataforma.

Vale recordar que hace algunas semanas, a través de estas páginas, se informó que la herramienta adaptada e implementada por el Municipio con el objetivo de la prevención y asistencia ante distintos sucesos había registrado durante 2025 un crecimiento cercano al 300 por ciento, mientras que las pulsaciones fueron más de 3.200 durante el mismo periodo.

Frente a los reclamos extendidos en el tiempo de los vecinos sobre demoras en las líneas de emergencia 101 y 911, Marcieri aclaró que el problema suele radicar en la falta de señal telefónica en ciertas zonas, como el barrio Golf. Por este motivo, destacó la efectividad de Centinela, que funciona a través de internet y permite una respuesta inmediata del Centro de Monitoreo.

La funcionaria calificó a la herramienta como un éxito en la prevención del delito, ya que permite a los vecinos denunciar situaciones de manera anónima y acortar los tiempos de intervención policial. Esta tecnología ha sido fundamental para detectar intentos de nuevas ocupaciones y para monitorear el movimiento de personas ajenas a los barrios que merodean con fines sospechosos.

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