La polémica por el patrimonio urbano de Tandil sumó ayer un nuevo capítulo. La Justicia rechazó la medida cautelar que buscaba paralizar las obras de repavimentación de la calle Sarmiento al 1100, por lo que el Municipio retomará hoy las tareas para la finalización de la intervención en ese tramo como en el sector de Alsina al 700, comprendido entre Sarmiento y Mitre.

La resolución judicial se fundamentó en la falta de “verosimilitud del derecho” suficiente para interrumpir una obra pública en ejecución. Tras analizar los informes técnicos y la normativa, concluyó que las cuadras intervenidas -específicamente Sarmiento entre Santamarina y Alsina, y Alsina entre Mitre y Sarmiento- no cuentan actualmente con una declaración formal de protección patrimonial que impida su modificación por razones de seguridad vial o transitabilidad.

Tampoco se configura un peligro en la demora que, “ponderado con el interés público comprometido y con la naturaleza innovativa de la medida requerida, justifique paralizar y revertir una obra pública decidida y tramitada por la autoridad competente”.

Por lo tanto, resolvió “rechazar la medida cautelar solicitada (y a la que adhiere la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Tandil), en tanto no se encuentran reunidos, con el grado de convicción propio de esta etapa preliminar, los recaudos exigidos por los artículos 22 y 23 del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley 12.008)”.

Alcance del control judicial

Al momento de resolver, la Justicia recordó que la definición y conservación del espacio público local es una competencia propia del Departamento Deliberativo y del Departamento Ejecutivo, según lo establecen los artículos 190 y 191 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires.

En este sentido, el fallo subrayó que el control de los jueces debe recaer sobre la juridicidad y razonabilidad de los actos, pero no sobre la conveniencia u oportunidad de las políticas urbanas.

“No se advierte acreditada, con entidad suficiente, la existencia de una norma vigente que, aplicada a los tramos concretamente intervenidos, impida su remoción”, señala el escrito judicial.

Además, considera que una medida cautelar de este tipo afectaría el interés público al comprometer la seguridad vial y el cronograma de una obra con fondos presupuestarios definidos.

De esta manera, el Gobierno quedó habilitado para continuar con el plan de pavimentación previsto, mientras que las costas del proceso fueron impuestas “por su orden”, dada la naturaleza de la cuestión debatida que involucra intereses colectivos de la comunidad tandilense.

El proceso

La presentación judicial original del Ejecutivo, que constituye el informe previo previsto en el artículo 23 inciso 1 del Código Procesal Contencioso Administrativo (CPCA), defendía la legalidad del procedimiento administrativo y cuestionaba los fundamentos de la parte actora y de la Defensoría del Pueblo, que intervino como tercero voluntario.

En el escrito, el Ejecutivo había sostenido que los adoquines retirados “constituyen un testimonio histórico del proceso urbano”, pero aclaró que “no integran el patrimonio histórico cultural protegido de la ciudad” ni revisten carácter de patrimonio colectivo en sentido jurídico.

Además, se destacó que el tramo de Sarmiento comprendido entre 4 de Abril y Alsina no cuenta con declaración específica vigente que lo incorpore al régimen de tutela patrimonial y que las ordenanzas de 2004 y 2005 que reconocían al adoquinado como patrimonio histórico fueron derogadas en 2009 mediante la Ordenanza 11.400.

Actualmente, solo el adoquinado circundante a la Plaza Independencia posee protección normativa explícita a través del Plan de Desarrollo Territorial (PDT).

El Municipio también cuestionó formalmente la demanda, señalando “la dificultad que ha debido afrontar esta parte para articular una adecuada defensa, en virtud de las graves deficiencias formales e inconsistencias que presenta el escrito de demanda”.

Asimismo, advirtió que en el expediente no se acreditó personería sobre el colectivo “Vecinos Autoconvocados”, así como la ausencia de domicilio en la zona por parte de los impulsores de la medida cautelar.

La Defensoría del Pueblo había solicitado la “suspensión inmediata de toda obra o intervención que implique la remoción, alteración o sustitución del adoquinado histórico”, el mantenimiento del estado actual y, como medida definitiva, la restitución de todos los adoquines removidos a su emplazamiento original. Frente a ello, el Municipio sostuvo que no existe “derecho verosímil” que habilite la cautelar y que no se acreditó la existencia de un bien jurídicamente protegido.

Tras la decisión judicial de este lunes, el intendente Miguel Lunghi se reunirá en las próximas horas con los vecinos para notificar que la obra continuará, retomando las tareas pendientes en Sarmiento y en el sector de Alsina al 700, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Con informes que respaldaron la presentación elaborados por la Dirección de Vialidad, la Coordinación de Patrimonio Cultural y Archivo Histórico, la Secretaría del Concejo Deliberante y la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas, el Municipio le había solicitado al juez que rechazara la medida cautelar “con expresa imposición de costas a la contraria, en base a los fundamentos de hecho y de derecho”.

Reanudación de los trabajos

Tras la decisión de la Justicia de rechazar la medida cautelar que paralizaba las obras en las calles Sarmiento y Alsina, el Municipio confirmó que hoy se retomarán los trabajos para completar la repavimentación.

Desde la Dirección General de Vialidad informaron que hoy comenzarán con las tareas de preparación de la base en el tramo que faltaba completar en la calle Sarmiento y que mañana se colocará el hormigón en ese sector.

Además, adelantaron que el jueves se iniciarán las tareas de repavimentación en la calle Alsina entre Sarmiento y Mitre, por lo que desde las primeras horas de la mañana se restringirá la circulación vehicular en esa cuadra.

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