El inicio del ciclo lectivo 2026 no fue en simultáneo para todos los estudiantes. En los colegios privados las clases estuvieron garantizadas pero, tal como se había informado la semana pasada, el inicio de las cursadas en las escuelas públicas estuvo atravesado por un fuerte acatamiento al paro docente impulsado por Ctera.

Según informaron las fuentes gremiales a este Diario, la adhesión a la medida de fuerza superó el noventa por ciento a nivel local; incluso señalaron que llegó al 95, lo que destacaron como un acompañamiento masivo de parte de los trabajadores ante un presente adverso en materia salarial y una postura en contra al Proyecto de Presupuesto Nacional 2026.

Al mismo tiempo, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) señalaron que hubo alrededor de un 80 por ciento de adhesión por parte de los auxiliares de educación en colegios públicos. Añadieron que, al cierre de esta edición, todavía faltaba procesar los datos del turno nocturno. Vale destacar que se trata de piezas claves para el funcionamiento de los establecimientos, al encargarse de la limpieza, el orden y, en muchos casos, los comedores escolares.

A nivel nacional, la medida convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) también registró un altísimo acatamiento. Además, en la ciudad de Buenos Aires, los gremios encabezaron una multitudinaria marcha del Cabildo al Congreso donde participaron miles de trabajadores de la educación que se acercaron desde distintos puntos del territorio bonaerense.

La medida de fuerza se realizó con el pedido de la apertura inmediata a la Paritaria Nacional Docente; un “urgente” aumento salarial, restitución del Fonid y de todos los fondos nacionales para educación; aumento del presupuesto educativo y una nueva Ley de Financiamiento Educativo; rechazo al ajuste, a la reforma laboral regresiva y a toda política que vulnere derechos; en defensa de la escuela pública, la estabilidad laboral y condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje; y en defensa de la jubilación docente.

“Un plan de desmantelamiento”

La secretaria general de Suteba Tandil, Estela Sinópoli, cuestionó el Proyecto de Presupuesto Nacional 2026 y lo definió como “un plan de desmantelamiento de las garantías educativas en todo el país”. Según expresó, la iniciativa del Gobierno nacional implicaría un fuerte retroceso en materia de financiamiento y políticas públicas destinadas a sostener el sistema educativo.

La dirigente sostuvo que el proyecto “borra de un plumazo leyes que protegían a la escuela pública” y advirtió que, de avanzar también la denominada ley de “libertad educativa”, se produciría un cambio estructural que pondría en riesgo el modelo educativo vigente. En ese sentido, señaló que se trataría de un escenario que remitiría a la Argentina previa a 1884, año en que se sancionó la Ley 1420 que estableció la educación obligatoria, gratuita y laica.

Sinópoli indicó que uno de los principales ejes del ajuste planteado en el proyecto es la reducción de la inversión estatal en educación. Según explicó, el Presupuesto prevé que el año cierre con un crecimiento económico del 5,4 por ciento , aunque señaló que estimaciones privadas ubican esa cifra en torno al 4,4 por ciento.

En ese marco, la dirigente sindical afirmó que la inversión nacional en educación pasaría de casi el 1,5 por ciento del PBI en 2023 a alrededor del 0,75 por ciento en 2026. “Es un retroceso de veinte años en dos segundos”, sostuvo. Además, planteó que Nación destinaría un 60 por ciento más de recursos al pago de intereses de la deuda que a todo el sistema educativo.

Más recortes

La referente de Suteba Tandil enumeró una serie de programas que sufrirían fuertes recortes. Entre ellos mencionó el financiamiento para infraestructura escolar, que se reduciría un 84 por ciento, lo que limitaría la posibilidad de realizar obras y reparaciones.

También señaló una reducción del noventa por ciento en los fondos destinados al programa Conectar Igualdad y una caída del 77 por ciento en las Becas Progresar. Asimismo, advirtió sobre una disminución del diez por ciento en términos reales en el presupuesto destinado a comedores escolares. En el caso de la formación docente, afirmó que las partidas para capacitación registrarían una baja del 71 por ciento.

Sinópoli también puso el foco en el artículo 30 del proyecto de Presupuesto que propone modificar el esquema de financiamiento de la Ley de Educación Nacional. De acuerdo con su planteo, esa modificación eliminaría la obligación del Estado nacional de garantizar una inversión mínima equivalente al seis por ciento del PBI en educación.

La dirigente advirtió que el esquema presupuestario trasladaría cada vez más responsabilidades a las provincias y a los municipios. En ese sentido, señaló que esas jurisdicciones enfrentan una caída en la recaudación y una reducción en los envíos de recursos nacionales, situación que afecta particularmente a la provincia de Buenos Aires y a distritos como Tandil.

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