La jueza Silvia Monserrat, titular del Juzgado de Familia 1 de Tandil, abordó la problemática de la salud mental y las adicciones, dijo que la Ley vigente constituye “un avance” y se refirió a las limitaciones que enfrenta el Poder Judicial ante la creciente demanda por parte de la población.  “Faltan lugares de internación”, resaltó.

Entrevistada en “Tandil Despierta” –por ECO TV y la 104.1 FM-, la magistrada defendió en primer término el espíritu de la normativa actual, la Ley 26.657, sancionada en 2010 por el Congreso de la Nación.

“La Ley de Salud Mental constituye un avance”, afirmó, pero aclaró que a los jueces “no nos permite ordenar la internación; nos permite ordenar la evaluación”.

En ese esquema, explicó que son los efectores de salud quienes determinan si corresponde o no una internación. “¿Qué es lo que mejora la Ley de Salud Mental? Que si un efector de salud decide internar a una persona, esa internación va a control de legalidad. Eso significa que va a un juzgado que analiza que haya un justificativo por el cual esa persona está internada”, detalló.

“Si bien la decisión no es nuestra, nosotros controlamos que la decisión esté bien tomada”, agregó.

En ese marco, la magistrada con 17 años de trayectoria como jueza y actual presidenta del Foro de la Justicia de Familia (Fojufam), señaló que, pese a las críticas recibidas acerca de supuestas trabas para las internaciones involuntarias, en la práctica sí existen. 

“Infinidad de personas son internadas en forma involuntaria: nosotros en enero tuvimos 22 internaciones en mi Juzgado. Esas 22 internaciones son involuntarias”, precisó.

Sin embargo, sostuvo que el problema no radica en la norma sino en su implementación. “La gente le echa la culpa a la Ley de Salud Mental. Pero lo que nos falta son políticas públicas. La Ley de Salud Mental contiene avances”, enfatizó.

Monserrat cuestionó especialmente el diseño actual de los dispositivos públicos. “Las políticas públicas tal como están pensadas, incluido el CPA (Centro Provincial de Atención a las Adicciones), se basan en la voluntad del adicto. Nosotros cuestionamos eso: si el adicto tuviera voluntad, no sería adicto. Por lo tanto, no se puede solo trabajar con personas que tienen voluntad, porque no la tienen, la tienen viciada”, argumentó.

En esa línea, explicó que Argentina optó por un modelo de instituciones abiertas. “La Argentina eligió para sus políticas públicas que los lugares de internación sean abiertos y que estén basados en la voluntad. Solo reciben personas que quieren rehabilitarse”, describió.

Y dijo que, frente a una negativa del paciente, el margen judicial es acotado. “Nosotros sí tenemos un único recurso: poder ordenar el traslado por la fuerza de esa persona al centro de salud mental donde va a ser evaluado”, dado que –continuó explicando- “las personas solo pueden ser internadas involuntariamente cuando está en riesgo su persona o ponen en riesgo a terceros”.

“La drogadicción es un drama mundial”

Sobre la gravedad del fenómeno, Monserrat fue categórica: “La drogadicción es el drama contemporáneo. No es el drama de Tandil, ni de la provincia de Buenos Aires o de la Argentina; es un drama mundial”.

Además, advirtió que esta problemática “atraviesa todas las edades, todos los géneros y todas las clases sociales”, aunque con matices: “Algunos consumen ‘de la buena’, otros consumen ‘de la mala’. El que consume ‘de la buena’, a lo mejor puede tener una mejor calidad de vida, y si pertenece en una clase social alta es muy probable que se pueda enmascarar”, consideró.

“A mí me llegan comentarios extraoficiales de que, en sectores de alto estrés por ejemplo, la droga es muy habitual en profesionales. Pero nadie habla de profesionales que se drogan”, expuso.

La magistrada también remarcó que la problemática excede a la enfermedad en sí misma. “El problema de salud mental no es solamente la patología: el entorno influye mucho. Si usted tiene dos personas con la misma patología y una no tiene ningún entorno social o su entorno social no es protector, esa persona no va a estar estimulada”, sostuvo. 

Por eso, señaló que una evaluación integral requiere “del psiquiatra, que determina la patología; el psicólogo, que determina el comportamiento; y el trabajador social, que analiza el entorno”.

Otro rasgo frecuente de la persona adicta, añadió la jueza, es la falta de conciencia de enfermedad, algo que complejiza la problemática.

“Hay una regla general bastante habitual: las personas con problemas de salud mental —y ahí incluimos la adicción— no tienen conciencia de enfermedad". 

Y comparó que "la mayoría de las personas con diabetes sabe que es diabética y sabe que se tiene que controlar; pero las personas con problemas de salud mental no tienen conciencia y, como la medicación les cambia la personalidad o su forma de moverse, empiezan a no querer tomarla”.

En cuanto a la evolución de la demanda, indicó que, según datos del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP), en el Municipio Tandil se pasó de atender “35.000 a 48.000 personas en los últimos dos años”, debido al traspaso, al sistema público, de personas que se atendían en el sector privado.

“No hay ningún Estado que esté preparado para afrontar esa demanda”, evaluó.

Falta de lugares para la internación

Durante la entrevista en el piso de El Eco Multimedios, Monserrat aseguró que desde el Juzgado que dirige observan no solo “un aumento de las internaciones” sino también de “tentativas de suicidio, donde vemos un incremento en adolescentes”.

“La problemática es sumamente seria y, como todo aquello que afecta a toda la sociedad en su conjunto, requiere de políticas públicas”, subrayó.

En este punto, Monserrat planteó que el déficit es estructural. “Hoy no hay organismos públicos, y cuando hablo de organismos públicos estoy hablando de organismos que paga el Estado, cualquiera sea el Estado”, afirmó.

Y aclaró que la problemática “no es de hoy ni de este Gobierno; viene pasando desde hace muchos gobiernos”.

En ese proceso –sostuvo- hubo “una delegación de responsabilidades del Estado nacional y el Estado provincial en los municipios”, que “hoy deben ocuparse de salud mental, niñez vulnerada y trabajo”, entre otras áreas.

Como ejemplo concreto, mencionó el caso de “un joven con un problema serio de salud mental que es sumamente agresivo” para el cual se solicitó una vacante en el Hospital "Alejandro Korn", de La Plata, sin éxito. “Ese joven tiene que estar en una institución cerrada, no puede estar en una institución abierta porque genera mucho riesgo para sí y para terceros”, explicó.

También describió las dificultades que aparecen cuando no hay cobertura médica. “Si la persona con drogadicción no tiene obra social y no tiene recursos, el único lugar con el que trabaja el CPA está en Chapadmalal, que solo trabaja si la persona quiere rehabilitarse”, contó.

“Entonces –añadió- vienen las madres a pedirnos algo que no les podemos dar porque no hay lugares donde internar a esos jóvenes”.

En cambio –expresó- “si usted tiene una obra social podemos obligar a las obras sociales a que consigan una vacante”.

Según Monserrat, la falta de dispositivos adecuados impacta incluso en menores de edad. “Hemos tenido jóvenes en centros de salud mental durante meses —y estamos hablando de menores de edad— porque no había un lugar adecuado al que pudieran acudir, y eso porque la Provincia no nos daba respuesta”, señaló.

Finalmente, insistió en que la Ley “tiene sus aspectos positivos” y defendió la intervención sanitaria en la decisión de internar.

“¿Cómo yo desde el Derecho puedo decidir internar a una persona cuando mis conocimientos no me permiten saber si existe riesgo para sí o para terceros? Son los efectores de salud los que deciden”, sostuvo. 

No obstante, consideró que esos profesionales deben extremar criterios: “Que sean un poquito más finitos cuando evalúan y tengan en cuenta los riesgos que enfrentan si consideran que la persona no es riesgosa. Si luego esa persona comete un delito, van a terminar siendo responsables ellos también”, reclamó.

Como horizonte, planteó la necesidad de “nuevas instituciones que no se basen solamente en la voluntad del adicto; necesitamos instituciones cerradas que trabajen con la persona y que le den lo que no tiene: esperanza de vida”.

“La gente que se droga ha perdido la esperanza. Tenemos que recuperar la esperanza, que sepan que pueden tener motivos para seguir viviendo”, concluyó.

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En Tandil “hay chicos de 13 ó 14 años con serios problemas de adicción”

Al referirse a la situación local en materia de consumo problemático de sustancias, la jueza Silvia Monserrat afirmó que hay “chicos muy jóvenes, adolescentes de 13 ó 14 años, con serios problemas de adicción”.

De todas maneras, la titular del Juzgado de Familia 1 aclaró que “ya no hay una aquí y un allá; la droga está en todos lados, es de fácil acceso y en muchos casos —sobre todo en los chicos muy jóvenes— está muy relacionada con el delito”.

En ese sentido advirtió que “empiezan a drogarse y después delinquen para tener plata para seguir drogándose. Y en muchos casos la droga hace que el delito sea más violento porque la persona pierde los frenos inhibitorios”.

Ante las críticas que reciben los juzgados, Monserrat envió un mensaje directo a las familias: “Quiero hablarles a esas madres y explicarles que, cuando ustedes vienen a mi juzgado o van al juzgado del doctor Ramiro Saralegui y les explicamos lo que sucede, no es que no queremos hacer: es que nosotros no tenemos recursos. Lo único que podemos hacer es requerirle al Estado”.

“Si el Estado no nos otorga esa vacante, ya no depende de nosotros”, cerró.

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