En asamblea, un centenar de vecinos de La Movediza le reclamó al Municipio un plan integral de seguridad y prevención del delito en la zona. El encuentro, que se celebró en la esquina de Salta y Los Jazmines, tuvo pasajes de relatos dramáticos sobre las escenas que transitan a diario y otros de vehementes pedidos a los funcionarios municipales para que ejecuten políticas concretas que redunden en el control del territorio. 

“La situación se ha desmadrado”, expuso uno de los frentistas y vaticinó “una desgracia” si no hay una intervención urgente de la policía, un plan de prevención y un destacamento con guardia permanente para proteger a las diez manzanas que son blanco de la mayoría de los robos. 

En paralelo, surgieron serios cuestionamientos a la Justicia, dirigidos tanto a los fiscales como a los jueces, frente a un cúmulo de denuncias que no ha encontrado su correlato en las causas y las medidas restrictivas para los autores de los delitos. 

Frente a los embates de las demandas ciudadanas, el subsecretario de Protección Ciudadana Rubén Diéguez intentó algunas respuestas que no lograron conformar a los habitantes de la barriada. Estoico y en soledad, escuchó con atención los planteos y se comprometió a asistir a otro encuentro, pautado para el lunes próximo, a las 19, en el espacio NIDO. Como tarea, se llevó la urgencia de elaborar propuestas concretas para presentarles a los vecinos dentro de siete días. 

También participó -especialmente invitada por los vecinos- la defensora del Pueblo de Tandil Paula Lafourcade, quien les solicitó copias de las denuncias para realizar un seguimiento de las causas penales. En ese sentido, los damnificados por robos aseveraron que han aportado nombres de los autores, fotos y videos donde se ven sus rostros, pero de todos modos muchas de esas investigaciones se archivaran. 

También estuvieron los concejales del PRO, Juan Manazzoni, y del Frente de Todos, Nicolás Carrillo, a quienes les pidieron que intercedan ante el Gobierno de la Provincia para solicitar un destacamento policial con personal asignado y refuerzos en los patrullajes.

Además, se acercó el jefe de calle de la comisaría Segunda, quien brindó algunas aclaraciones sobre los procedimientos judiciales. En tanto, debió escuchar el enojo de muchos vecinos que describieron escenas donde los efectivos parecían proteger a los delincuentes en lugar de cuidar el barrio.  

Tierra de impunidad

Con el sol poniente, pasadas las 19, la peregrinación de vecinos formó un círculo en la esquina de la plaza, en Salta y Los Jazmines. Ávidos por ser escuchados, en el primer tramo de la asamblea se encargaron de describir la cantidad y violencia de los robos que padecen a diario. 

Particularmente fuerte resultó el relato de tres mujeres que integran una familia que reside sobre Alvarado y Salta, domicilio que comparten con su madre de más de 90 años. Desesperadas, contaron que el terreno del fondo -que les pertenece- fue usurpado y allí, en una casilla precaria y sin servicio alguno, se junta una docena de jóvenes que acopia elementos robados a gente del barrio. Indicaron que muchos son de Olavarría, por lo que cargan los electrodomésticos y herramientas, presumiblemente para trasladarlas y venderlas en la vecina localidad. 

Esas mismas mujeres, que viven con el corazón en la boca y han sufrido agresiones por parte de los ocupas, fueron testigos del robo a un container ubicado sobre Salta y Alvarado, que funciona como obrador del Municipio. “Millones se han llevado en herramientas”, señalaron y agregaron que dieron aviso a las fuerzas de seguridad. 

“Nos dicen miliqueras”, clamaron con valentía y reclamaron una solución. También confirmaron que radicaron denuncias en fiscalía y que aguardan el fin de la feria judicial para conocer la suerte de la última presentación que hicieron ante la Fiscalía General de Azul.

“Zona liberada”

En la primera hora de la reunión, se multiplicaron las historias de familias a las que les reventaron la puerta principal de sus domicilios y las despojaron de todo lo que tuviera valor. Se sumaron los casos de otras que recibieron visitas de los delincuentes a pesar de estar dentro de sus casas, o cuando sus hijos estaban solos, o mientras todos dormían la siesta. También conmovieron las palabras de aquellos que sufrieron tres robos en menos de 15 días –como una habitante de Alvarado al 200- y de muchos otros que experimentaron la desagradable situación a poco de haberse mudado. 

Por si aquello no alcanzaba, agregaron los robos que padecen cuando esperan el colectivo, cuando caminan con sus hijos por la calle y al cruzar la plaza cuando regresar del trabajo, o de estudiar. Y en muchos casos, señalaron a menores que circulan armados. 

Los vecinos consideraron que es “zona liberada”, ya que avisan al 101 sobre los movimientos extraños y el traslado de televisores o herramientas por las calles del barrio, y “la policía tarda” en llegar a los hechos en curso. 

De la estadísticas a la acción

Ante estas situaciones, el subsecretario Diéguez les recomendó que descarguen la aplicación Centinela que permitirá que las denuncias ingresen al Centro de Monitoreo y llevar una estadística de los casos. 

Frente al reclamo insistente por medidas concretas, el funcionario se comprometió a dialogar con los jefes policiales para gestionar más patrullajes y presencia policial en el barrio. 

En paralelo, enfatizó la importancia de trabajar en el abordaje territorial, junto a organizaciones con base en La Movediza, para prevenir el delito. Sin embargo, los vecinos le exigieron que elaborara un plan con políticas concretas y le achacaron que ya debería contar con un diagnóstico sobre lo que ocurre en La Movediza. 

La desintegración

En la reunión había representantes de la urbanización Docentes de Tandil por la Promoción Cultural y la Solidaridad, de los lotes entregados por el Municipio a organizaciones civiles para la construcción de viviendas, de La Movediza II y otros puntos cercanos. 

En un momento del encuentro, un vecino refirió que estaban frente a una guerra de pobres contra pobres, teniendo en cuenta que los trabajadores hacen un esfuerzo enorme para vivir dignamente y aquellos que delinquen se procuran un ingreso por otra vía. 

Sumado a eso, algunos plantearon la falta de infraestructura, como las falencias en la iluminación de las calles, los pastizales en descampados y el estado de las calles. En tanto, compararon que esas situaciones no se observan en el centro, el Dique, Uncas y otros barrios integrados a la ciudad. 

Entre las mociones, solicitaron que se haga una revisión del plan de urbanización integral, comparando el proyecto con sus planos y lo que se ejecutó en el territorio para poder completar lo que falta. Indicaron que esas acciones contribuirían a mejorar las condiciones de prevención situacional.

En paralelo, los contribuyentes reclamaron presencia del Estado en el territorio, a través de asistentes sociales que puedan visitar los domicilios, conocer la realidad en que habitan las familias y disponer de una radiografía de la zona, como otro mecanismo para la integración de la comunidad.  

Ya sobre el final, los vecinos lamentaron la estigmatización que recae sobre La Movediza toda, cuando la mayoría es víctima de los delitos y la violencia y una minoría mantiene en vilo a aquellos que, con ilusión y esfuerzo, construyeron sus hogares y sueñan con ejercer el derecho a vivir seguros, en paz y armonía.