El fiscal federal Gerardo Pollicita citó como testigo al exfutbolista Hugo Morales en el marco de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de gabinete, Manuel Adorni. La medida forma parte de una serie de pruebas ordenadas para esclarecer el origen de los fondos utilizados en la adquisición de propiedades y el financiamiento de diversos viajes al exterior.

Morales prestará declaración este martes a través de la plataforma Zoom. Su testimonio resulta clave para reconstruir la cadena de comercialización de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, sobre la calle Miró al 500. Según consta en el expediente, Adorni compró dicha propiedad el 18 de noviembre de 2025 a dos jubiladas por un monto de 230.000 dólares, abonados mayoritariamente mediante un crédito otorgado por las propias vendedoras. El ex jugador de fútbol había sido el dueño anterior, habiéndolo vendido a las mujeres por 200.000 dólares en abril de ese mismo año.

Propiedades y gastos bajo la lupa

Además de la declaración de Morales, la fiscalía convocó para este miércoles a la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la operación inmobiliaria. Pollicita solicitó un historial completo de dominio de los inmuebles vinculados al funcionario y a su esposa, Bettina Angeletti, tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires. La búsqueda incluye informes sobre transferencias, hipotecas y antecedentes registrales de una casa en el country Indio Cuá y el mencionado departamento de Caballito.

La Justicia también puso el foco en el pago de expensas y servicios. Se requirió a los consorcios detalles sobre las cuentas bancarias desde las cuales se abonan los gastos y si se realizaron obras o mejoras en las fincas. La denuncia original, impulsada por la diputada nacional Marcela Pagano, advierte sobre discrepancias patrimoniales que alcanzarían los 16.000.000 de pesos omitidos en las declaraciones juradas iniciales.

Investigación sobre vuelos y traslados

Otro eje central de la pesquisa son los viajes realizados por el funcionario. El fiscal envió oficios a la Dirección Nacional de Migraciones para obtener itinerarios precisos, rutas y escalas de entre 11 y 19 traslados. Asimismo, se solicitó información a compañías aéreas para determinar quién efectuó los pagos y las reservas de los tickets, incluyendo detalles sobre facturación y medios de pago.

En una causa paralela, se investiga un vuelo privado a Punta del Este realizado durante el feriado de Carnaval. Se sospecha que el traslado fue costeado por Marcelo Grandío, un periodista contratista de la TV Pública, señal que se encuentra bajo la órbita de la jefatura de gabinete. Según testimonios de la empresa de vuelos, el viaje habría sido una invitación de Grandío para Adorni y su familia. Ambas investigaciones tramitan ante el juez federal Ariel Lijo.