Luego del escándalo que involucró a cerca de 40 políticos y altos funcionarios del gobierno nacional, el Banco Nación decidió dar marcha atrás y retocar la normativa que les permitía acceder a préstamos hipotecarios millonarios. La medida se tomó tras conocerse que diversos integrantes del Ministerio de Economía y legisladores nacionales habían calificado para obtener créditos de hasta 340.000 dólares con la tasa más baja del mercado.

En septiembre de 2024, el entonces presidente de la entidad, Daniel Tillard, y su vice, Darío Wasserman, habían alterado la Reglamentación 802 sobre empleados del sector público. En aquel momento, se incluyó un párrafo aclaratorio que especificaba que podían acceder a los beneficios las personas con cargos políticos designados por resolución o electivos, lo que habilitó a senadores y diputados, como las legisladoras Anabel Fernández Sagasti y Julia Strada.

Sin embargo, el nueve de enero, ante la creciente polémica y la difusión de información sobre funcionarios que accedieron a préstamos para adquirir una segunda o tercera vivienda, las autoridades del Banco Nación emitieron la circular N° 0092/2026. A través de este documento, firmado por el propio Wasserman —quien asumió la presidencia de la institución hace un mes—, se eliminó el apartado que beneficiaba directamente a la planta política.

Repercusiones y malestar

Fuentes del Ministerio de Economía señalaron que en 2024 fueron los propios beneficiados quienes solicitaron la aclaración en la norma para evitar cuestionamientos futuros. No obstante, la situación generó una profunda indignación en la opinión pública, considerando que ocho de cada diez ciudadanos que solicitan un crédito hipotecario resultan rechazados.

Incluso un miembro del gabinete nacional reconoció ante la prensa que la modificación de la normativa fue un intento de

“escabullirnos yendo al mazo y dar de nuevo” tras el impacto negativo de la noticia.

Por su parte, el presidente Javier Milei se refirió al tema durante una entrevista en la TV Pública. Visiblemente molesto, el mandatario defendió la legalidad de los actos al expresar que

“nosotros hemos definido nuestros valores morales y estos no tienen nada de ilegal porque los funcionarios no mataron, no violaron la libertad de expresión y no afectaron el derecho a la propiedad”.

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