Intendentes advirtieron por una catástrofe social y exigieron medidas urgentes al Ministerio de Economía
La Federación Argentina de Municipios presentó un diagnóstico crítico sobre la situación de los distritos ante la caída de recursos, el aumento de costos y la creciente demanda de asistencia.
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La Federación Argentina de Municipios (FAM), que nuclea a intendentes e intendentas de todo el país, elevó una carta al Ministerio de Economía en la que expuso un diagnóstico crítico sobre la situación económica, fiscal y social que atraviesan los gobiernos locales. En el documento, los jefes comunales advirtieron que la combinación de caída de recursos, aumento de costos y creciente demanda social configura un escenario "de alta complejidad" que amenaza la sostenibilidad de los distritos.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailEl planteo, dirigido al titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, subraya que los municipios son "el primer mostrador de la democracia", donde el impacto de las variables macroeconómicas se traduce en problemas concretos: menor consumo, dificultades para sostener la producción, presión sobre los sistemas de salud y asistencia, y complicaciones en el acceso al transporte.
En ese marco, los intendentes señalaron que la situación fiscal se deterioró en los últimos meses. Según precisaron, la coparticipación federal registró una caída del 11 por ciento en el primer trimestre del año, profundizando una tendencia negativa que ya se arrastraba desde 2024. A eso se suman la eliminación de subsidios y el aumento de tarifas de servicios públicos, que impactan tanto en las economías familiares como en la estructura de costos de los municipios.
El documento también cuestiona la utilización de recursos nacionales. En particular, menciona que el Gobierno nacional recaudó 3,5 billones de pesos por el impuesto a los combustibles hasta fines de marzo, sin que esos fondos se destinen a obras viales ni a aliviar el precio de los combustibles. Además, advierte sobre la falta de transferencias vinculadas al sistema de transporte, lo que agrava la situación de un servicio clave en muchas ciudades.
En el plano productivo, la FAM alertó por el cierre de más de 22.000 empresas en todo el país y por el impacto negativo en las economías regionales. La suba de tarifas encarece la producción y retrae el consumo, mientras que la desaparición de herramientas de apoyo a pymes y emprendedores debilita el entramado económico local. A esto se suma una fuerte caída de la actividad turística, que atraviesa una de las peores temporadas de las últimas dos décadas.
Emergencia alimentaria y sanitaria
El aspecto social es uno de los ejes más sensibles del informe. Los intendentes señalaron que la demanda de alimentos y asistencia social creció un 100 por ciento, en un contexto en el que no hubo envíos de ayuda alimentaria desde el Gobierno nacional. También advirtieron sobre las dificultades de los jubilados para acceder a medicamentos básicos y sobre el deterioro en la cobertura de personas con discapacidad. “La presión sobre los municipios como primer nivel de contención es creciente”, manifestaron.
En ese sentido, advirtieron que, de no mediar medidas urgentes, el país podría enfrentar una "verdadera catástrofe social". Frente a este panorama, la FAM solicitó una serie de medidas concretas, entre ellas, la revisión del esquema de coparticipación federal, la normalización en el envío de fondos nacionales y la restitución de subsidios eliminados.
Como punto central, los intendentes propusieron la creación de una mesa de trabajo permanente con el Ministerio de Economía para abordar de manera conjunta los desafíos actuales. "Se vuelve imprescindible avanzar en una agenda común que permita sostener el funcionamiento de los gobiernos locales y garantizar condiciones mínimas de bienestar", concluye el texto.
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