En un contexto de “alerta máxima” declarado por distintos gremios ante la posibilidad de nuevos despidos en la Secretaría de Trabajo de la Nación tras la aprobación de la reforma laboral, desde la asunción de Javier Milei se registró la pérdida de más de 65 mil puestos en la administración pública.

Según cifras oficiales difundidas por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, hasta enero la reducción de personal en el Estado nacional alcanzó a 65.582 trabajadores, lo que representa unos 3.900 menos que en diciembre. En la comparación interanual con enero de 2025, el recorte acumulado en los últimos doce meses fue de 25.293 empleados.

A través de su cuenta en la red social X, el funcionario vinculó la disminución del gasto público con la reducción de impuestos y sostuvo que el tamaño del Estado permitía avanzar en ese sentido. “¿Cómo se bajan los impuestos? Bajando el gasto! El Estado se había sobredimensionado tanto que seguimos mes tras mes encontrando espacios para seguir bajándole la carga tributaria al contribuyente. VLLC!”, redactó.

Del total de 65.582 desvinculaciones, aproximadamente el 60% corresponde a la administración pública nacional —tanto centralizada como descentralizada—, el 26% a empresas estatales y el resto a personal militar y de seguridad. En términos generales, la disminución implica una baja cercana al 18% en la planta del Estado nacional.

Entre las entidades con mayores recortes figuran Correo Oficial de la República Argentina, con 5.290 cargos menos; Operadora Ferroviaria S.E., con 3.615; ARCA, que redujo 3.221 puestos; el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con 2.261; el Banco de la Nación Argentina, con 2.116; y Aerolíneas Argentinas, que contabilizó 1.899 bajas.

Por su parte, organizaciones sindicales como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sostienen que la reforma laboral recientemente aprobada podría impactar en el empleo del sector. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, señaló que la “nueva estructura” administrativa en evaluación podría derivar en una profundización del proceso de reducción del gasto público y del tamaño del Estado.

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