La Auditoría General de la Nación (AGN) avanza en una auditoría sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en el marco de la causa por fentanilo contaminado. En este contexto, se espera que este jueves 26 de marzo familiares de las víctimas asistan a un taller de planificación participativa para definir los pasos a seguir en la investigación técnica.

Conforme al escrito enviado a la prensa, la AGN reactivó su intervención y convocó a los allegados de los damnificados a un encuentro que se realizará a las diez y treinta en el Edificio Presidente Dr. Raúl Ricardo Alfonsín. El objetivo central es definir una auditoría de gestión sobre el organismo encargado de la regulación de medicamentos y alimentos en el país.

“La convocatoria se da en un contexto crítico: una causa judicial en curso que investiga responsabilidades estatales —incluyendo al Ministerio de Salud, la Anmat y el Iname— y una comisión investigadora cuyos informes aún no se han traducido en respuestas concretas, mucho menos en cambios estructurales”

Según la investigación judicial encabezada por el juez Ernesto Kreplak, la causa dejó al descubierto una secuencia crítica de fallas en la detección temprana y controles insuficientes en la producción. A fines de enero, la Justicia Federal envió al Cuerpo Médico Forense el listado de fallecidos, confirmando un total de 111 víctimas fatales sobre 159 casos evaluados durante la feria judicial, de los cuales 48 pacientes lograron sobrevivir.

Respecto a la situación judicial, hay 14 procesados y detenidos. Entre ellos figura Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., a quien se lo considera coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud por provocar el fallecimiento de 20 personas.

Al empresario se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del personal en la toma de decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta del lote 31202 del opioide. El escrito judicial sostiene que las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias críticas y alertas que fueron ignoradas por los responsables.

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