El jefe de gabinete, Manuel Adorni, se encuentra en el centro de una investigación judicial que busca esclarecer el origen de su patrimonio y la adquisición de costosas propiedades. El fiscal federal Gerardo Pollicita, bajo la supervisión del juez Ariel Lijo, solicitó diversas medidas para analizar los movimientos económicos del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti.

Durante una reciente conferencia de prensa, Adorni admitió su residencia actual ante los interrogantes planteados:

“Efectivamente, sí vivo en el barrio de Caballito”.

No obstante, sus declaraciones no lograron disipar las dudas sobre la compra de un semipiso de 200 metros cuadrados en la calle Miró al 500, valuado en 230.000 dólares, operación realizada el 18 de noviembre de 2025.

La adquisición del inmueble despertó sospechas debido a que se concretó mediante una hipoteca no bancaria por 200.000 dólares, otorgada por dos mujeres jubiladas que eran las anteriores dueñas. Esta cifra representa casi el 90 por ciento del valor declarado, una proporción inusual para este tipo de transacciones. Además, el funcionario mantiene a la venta otra propiedad en Parque Chacabuco por 289.000 dólares, la cual aún no ha sido transferida.

Inconsistencias en las declaraciones juradas

En su última presentación ante la Oficina Anticorrupción, correspondiente al período 2024, Adorni informó un patrimonio de 107,9 millones de pesos y deudas por 85,5 millones. Entre sus acreedores figuran su madre y dos empleadas de la Policía Federal. Ante las consultas sobre el incremento de sus bienes, el funcionario se limitó a señalar:

“Todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”.

La investigación también alcanza a su cónyuge, quien escrituró una casa en el barrio privado Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, cuyas expensas ascienden a 700.000 pesos mensuales. Los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro solicitaron que se incorporen estos comprobantes a la causa y pidieron citar como testigo a la escribana interviniente.

Finalmente, la Justicia requirió información sobre los viajes al exterior del jefe de gabinete desde 2023 y los detalles de un vuelo privado a Punta del Este. En paralelo, se detectó que Adorni mantiene deudas con la AGIP por tasas municipales de 2025 y 2026 que superan los 117.000 pesos, sumando un nuevo elemento a la polémica sobre su situación financiera.

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