Las concesiones viales impulsadas por el gobierno de Javier Milei sobre decenas de rutas nacionales continúan generando una fuerte polémica en Tandil y en otros distritos de la provincia de Buenos Aires. Las críticas se centran en la precariedad de los pliegos licitatorios y en la extensión de los permisos de concesión por varias décadas, sin que se contemple un plan claro de inversiones por parte de las empresas privadas.

En el caso de Tandil, la preocupación se focaliza principalmente en la Ruta Nacional 226, una vía estratégica para el turismo y la conectividad regional. A este reclamo se suman cuestionamientos similares en torno a las rutas nacionales 3, 5 y 205, así como también a la situación de la autopista Riccheri–Ezeiza.

Bajo este contexto, en las últimas horas el intendente del partido de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un amparo con medida cautelar al considerar inconstitucional la Resolución 1843/2025, que regula los denominados tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa de la Red Federal de Concesiones, dentro de la cual se incluyen las rutas mencionadas.

La acción judicial recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9, a cargo del juez Pablo Cayssials, y tiene como objetivo central solicitar la nulidad de dicha resolución. La presentación de Gray, referente del Partido Justicialista, coincide con los reiterados cuestionamientos formulados por el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) respecto de la denominada Red Federal de Concesiones.

El posicionamiento del Conaduv

Desde el Conaduv expresaron su respaldo a la iniciativa judicial y señalaron que la misma busca “resguardar a los usuarios viales de los abusos que sufrirán con el plan del gobierno nacional”. 

Según el organismo, el esquema propuesto implica “la continuidad de un régimen de falso peaje que funciona como un impuesto al tránsito, claramente inconstitucional, injusto e inviable desde el punto de vista económico”. Asimismo, advierten que podría generar serios perjuicios sociales y económicos, tanto para los usuarios directos como indirectos de la red vial.

Desde el comité remarcaron que la acción judicial pone de relieve “la ausencia de un ente regulador creado por ley, con participación efectiva de los usuarios viales”, una falencia que consideran clave en el esquema planteado por el Ejecutivo nacional.

Finalmente, el Conaduv reiteró la necesidad de avanzar hacia “un proyecto vial libre de peajes que abarque la totalidad de la red caminera del país” y exhortó al Gobierno a reasignar de manera efectiva los recursos provenientes del impuesto a los combustibles para el mantenimiento y la mejora de las rutas nacionales.

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