En el marco de la privatización de corredores viales impulsada por el Gobierno nacional, la empresa estatal bonaerense Aubasa quedó en el centro de una disputa administrativa y política. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, denunció públicamente una serie de irregularidades en el proceso de licitación y solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo, tanto nacional como provincial.

La controversia surgió luego de que las autoridades nacionales modificaran 33 artículos del pliego apenas una semana antes del vencimiento del plazo para presentar las ofertas. Según explicó el funcionario provincial en conferencia de prensa desde la Gobernación, estos cambios sustanciales alteran las condiciones originales y desvirtúan la competencia entre los oferentes.

El objetivo de la presentación ante los organismos de control es garantizar la plena transparencia en la adjudicación de las concesiones. Katopodis señaló que pretenden que la Defensoría del Pueblo actúe como veedora en todo el proceso de selección, ante la sospecha de posibles arbitrariedades que podrían favorecer a ciertos sectores.

Rutas estratégicas 

El conflicto tiene un impacto directo en la región, ya que la provincia de Buenos Aires, a través de Aubasa, se postuló para administrar tres tramos de rutas nacionales estratégicas. Entre ellas se encuentran la Ruta 226, la 3 y la 205, además de la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas.

La empresa pública provincial formalizó su participación tras verificar que los pliegos no prohibían la postulación de compañías estatales. En este sentido, el ministro defendió el perfil de la firma bonaerense, calificándola como superavitaria y destacando los estándares de servicio que mantiene en la Autopista Buenos Aires–La Plata y la Ruta 2.

Finalmente, el funcionario advirtió sobre la posibilidad de que el nuevo esquema licitatorio esconda un modelo de negocios basado en el incremento de la recaudación mediante peajes más caros y la instalación de nuevos puntos de cobro. Actualmente, el proceso de evaluación continúa con al menos diez ofertas en condiciones de ser adjudicadas.

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