El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires cuestionó la decisión del Ejecutivo nacional de modificar el régimen que regula el otorgamiento de patentes para medicamentos, al considerar que la medida podría tener un impacto negativo en el acceso a tratamientos y en el funcionamiento del sistema sanitario.

Las críticas fueron expresadas por el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien apuntó contra la flexibilización del esquema de patentamiento impulsada por el Gobierno nacional. Según explicó, la decisión derogó el régimen vigente desde 2012 para el análisis de patentes farmacéuticas y estableció un nuevo sistema en el que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial evaluará cada solicitud de manera individual.

De acuerdo con el funcionario, la desregulación podría beneficiar a los grandes laboratorios internacionales y afectar la competencia en el mercado de medicamentos. “Con esta desregulación las farmacéuticas pueden hacer cambios mínimos a sus medicamentos y extender las patentes para seguir cobrando más caro y quedarse solas en el mercado”, sostuvo Kreplak en un mensaje publicado en redes sociales.

Además, el ministro cuestionó al asesor presidencial Federico Sturzenegger, a quien responsabilizó por impulsar la iniciativa. En ese sentido, advirtió que la decisión “encarece los tratamientos, pone en riesgo a obras sociales y prepagas y rompe el sistema de salud”, y llegó a calificar la medida como una traición a los intereses nacionales.

Desde el Gobierno nacional, en cambio, argumentaron que la modificación busca alinear el sistema argentino con estándares internacionales de propiedad intelectual, fortalecer la protección de las patentes y promover la innovación en el desarrollo de nuevos medicamentos.

La resolución publicada en el Boletín Oficial también establece un esquema transitorio que determina que la medida no será retroactiva. De este modo, los medicamentos que ya se comercializan en el país podrán continuar vendiéndose sin que los titulares de las patentes originales puedan reclamar compensaciones económicas.

El debate se suma a una discusión más amplia sobre el equilibrio entre la protección de la innovación farmacéutica y el acceso a los medicamentos, un tema que históricamente ha generado tensiones entre gobiernos, laboratorios y sistemas de salud.

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