En un dictamen emitido el pasado 20 de noviembre, el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA), Julio Conte Grand, recomendó suspender las ordenanzas municipales que habilitan la aplicación de agroquímicos a escasos metros de viviendas, escuelas, pozos de extracción de agua y cursos hídricos en los partidos de Tandil y Rauch, incluyendo las localidades de Gardey y Vela.

La presentación del Procurador se enmarca en una acción originaria de inconstitucionalidad impulsada por vecinos y vecinas de la Cuenca del Chapaleofú, quienes reclamaron ante el Máximo Tribunal bonaerense la protección del derecho a un ambiente sano. El dictamen reconoce la legitimidad de estas comunidades para promover la causa de manera colectiva, al considerar que el ambiente constituye un bien indivisible compartido por toda la población.

Conte Grand aconsejó suspender las Ordenanzas Nº 850/12 y 17.404/21, que actualmente permiten fumigaciones con agrotóxicos muy próximas a áreas habitadas y establecimientos educativos y sanitarios. Según el dictamen, estas normativas locales podrían vulnerar estándares ambientales de orden nacional y provincial.

Entre sus consideraciones, el Procurador señaló que “ambas ordenanzas aquí cuestionadas prima facie no se corresponden con los estándares de protección ambiental que emanan de las normas de origen nacional y provincial, interfiriendo a las mismas”. Asimismo, advirtió “una posible vulneración al estándar ambiental establecido por el ‘bloque de legalidad ambiental’ (art. 41 CN y art. 4 Ley N° 25.675) y al mejor derecho previamente reconocido (conf. arts. 24, 26 y 29 CADH)”.

El dictamen sostiene, además, que “los Municipios de Rauch y Tandil, en ningún caso pueden autorizar la aplicación de agroquímicos, sin exigir, al menos, los recaudos de ‘seguridad ambiental’ que permiten las normas provinciales y nacionales de la materia”.

Conte Grand consideró que la Suprema Corte podría hacer lugar a las medidas cautelares solicitadas por los vecinos, al remarcar que el caso involucra la protección del interés superior de niñas y niños, quienes requieren “protecciones especiales y reforzadas”.

Por último, el Procurador sugirió citar a la Provincia de Buenos Aires al proceso judicial, dada la complejidad del caso. Asimismo, enfatizó la necesidad de actualizar las normativas locales para adecuarlas a los estándares ambientales vigentes.

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