El senador del bloque de Unión por la Patria, Fernando Coronel, presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense con el objetivo de modificar el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires para impedir la excarcelación de los denominados motochorros.

El legislador advirtió que en los últimos años se verificó un incremento de delitos cometidos mediante el uso de motos, especialmente en zonas urbanas. Según explicó, estas modalidades de arrebatos y asaltos callejeros presentan características de alta violencia, rápida ejecución y gran dificultad de intervención.

En los últimos años, y especialmente en zonas urbanas del Conurbano bonaerense se verificó un preocupante incremento de delitos cometidos mediante el uso de moto particularmente en modalidades de arrebatos, robos y asaltos callejeros, con características de alta violencia, rápida ejecución y gran dificultad de intervención

Coronel remarcó que este fenómeno agrava el riesgo para las víctimas y dificulta la labor preventiva y de enjuiciamiento por el ocultamiento de los autores y la eliminación de pruebas. En ese contexto, el senador propone modificar el artículo 171 del cuerpo legal para que se deniegue la excarcelación cuando existan indicios vehementes de que el imputado haya eludido la acción de la justicia o pueda entorpecer la investigación.

La iniciativa establece que el juez podrá considerar acreditados tales extremos cuando el imputado, al momento de su aprehensión, hubiera intentado sustraerse del accionar policial, evadir operativos de control o desobedecer el procedimiento, particularmente en casos de tenencia ilegítima de armas de fuego. Asimismo, el uso de motovehículos para facilitar el ataque o la huida podrá ser valorado como un indicio de riesgo de fuga.

Finalmente, el senador aclaró que el proyecto no modifica el régimen general de excarcelación ni el principio de inocencia, sino que busca dotar al sistema judicial de una herramienta clara para evitar decisiones contradictorias en torno a la libertad de personas imputadas por hechos que afectan gravemente la seguridad pública.

Esta reforma resulta necesaria, jurídicamente válida y oportuna, ya que contribuye a fortalecer la respuesta estatal frente a fenómenos criminales que afectan gravemente la seguridad pública

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